En condiciones de ser remitido al Ejecutivo quedó el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, más conocido como “de usurpaciones”.
Ello, luego que la sala del Senado aprobara con 35 votos a favor y seis abstenciones, la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, aun cuando hubo tres modificaciones que hizo dicha corporación, que fueron aprobadas con votaciones divididas.
El Ejecutivo, en tanto, a través de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que se presentará un veto en un tema específico, la legítima defensa privilegiada, ya que permitiría “actuar en defensa propia o de terceras personas, y actuar con cualquier medio, independiente del daño que se genere”, cuestionó la secretaria de Estado.
“El Gobierno no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que sea un delito permanente, no va vetar que se excluya a los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, vaya por sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso están el derecho, las policías, los tribunales, para eso en las sociedades civilizadas se ha establecido el monopolio del uso de la fuerza en las policías”, arguyó.
“Es un sentir de la ciudadanía”
Entre los parlamentarios por Ñuble, el senador y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, lamentó “profundamente las declaraciones del gobierno, porque atentan gravemente contra el sentir ciudadano. Yo creo que el proyecto de usurpaciones refleja el sentir de la ciudadanía, en el sentido de que tenemos que combatir este flagelo que se ha ido extendiendo a lo largo de nuestro país. Porque la usurpación hay que verla desde varias aristas. Una tiene que ver con las usurpaciones que ocurren en la macrozona sur, donde en actos más bien terroristas se realizan usurpaciones. También están las usurpaciones que tienen que ver con loteos irregulares. Esto se ha transformado en un negocio, y hay que diferenciarlo claramente de la situación de los campamentos, donde hay un catastro y que también este proyecto de ley contempla y salvaguarda el poder darle un tiempo para erradicar esos campamentos al gobierno”.
Su compañera de partido, la diputada Marta Bravo, manifestó que “el gobierno tiene el legítimo derecho de utilizar todas las herramientas que le confiere la Constitución, pero los chilenos tienen claro que mientras más se retrase este proyecto, más tiempo van a ganar los grupos y bandas que se dedican a usurpar terrenos públicos y también privados. La Cámara de Diputados y el Senado ya se pronunciaron favorablemente sobre este proyecto, y lo que uno esperaría es que el gobierno respete esa soberanía popular”.
Para la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, “es importante hacer valer la discusión democrática que hemos dado dentro de la casa de la democracia, y no porque a un sector del oficialismo no le gustó, o no está de acuerdo con cómo quedó la ley, vamos a vetarla y poco menos no promulgarla. Creo que es un deber del Presidente promulgar las leyes que se aprueban en la Cámara, en el Congreso, y me llama la atención que hoy día ocupen esta herramienta sólo porque no están de acuerdo con un tema tan controversial como el de la legítima defensa”.
Añadió que “si las leyes, la justicia o las policías no se han hecho cargo de devolver a las personas que han sido usurpados sus terrenos, lamentablemente las personas van a tener que usar esta herramienta para poder defenderse, si no, vamos a tener a cualquier persona que entre como Pedro por su casa y se adueñe de algo que no le ha costado. Obviamente que no estoy a favor de avalar la violencia ni mucho menos, pero creo que es importante poder otorgarle a las personas por lo menos la tranquilidad de que puedan defender algo que les ha costado con mucho esfuerzo”.
Para el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, “si el Estado no está en condiciones de entregarte seguridad ni garantizar tu derecho de propiedad, las personas tienen el derecho a defender lo propio, fruto de su trabajo y esfuerzo. El veto es antidemocrático, porque busca dejar sin valor las mayorías y va en contra de lo que han votado sus propios parlamentarios de gobierno. Boric debe entender que aquí hay una manifestación de la soberanía popular en el sentido de que la mayoría del congreso ha aprobado una ley, y ellos tienen que solamente promulgarla para convertirla en ley de la República, y que rija lo antes posible”.
“El proyecto seguirá siendo discutido”
Para el único diputado de centro izquierda de la región, el ind.-DC, Felipe Camaño, “el gobierno está en todo su derecho de vetar este proyecto, la Constitución le da esa facultad, y eso hará que el proyecto deba volver al congreso para seguir siendo discutido. Aquí el tema es que las usurpaciones de viviendas se salieron de control. Hemos visto en todo Chile cómo han empezado a aparecer verdaderas bandas que se han ido tomando casas en el país. Y contra eso era necesario que los parlamentarios respondieran. Por eso este proyecto se termina aprobando en ambas cámaras y por parlamentarios de todos los sectores políticos”
