Mientras las instituciones pertinentes alistan el despliegue de las Fuerzas Armadas por la frontera norte del país, el Gobierno retiró desde la Contraloría General de la República el decreto que ordena esta política.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que “cuando se tramitan instrumentos de este tipo, se presentan a la Contraloría para la toma de razón, y la Contraloría hace comentarios, y cuando eso pasa, se retira el documento para incorporar los comentarios”.
Los reparos del ente contralor se remiten a “cuando el texto hace referencia a ‘las fuerzas’ no diga solo eso, sino que diga ‘Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad’, o bien, que cuando se dice que ‘las Fuerzas Armadas cuando detienen a una persona tienen que ponerla a disposición de las policías dentro de un plazo máximo de 12 horas’, se diga de manera explícita desde qué momento se empiezan a contar esas 12 horas”, detalló la jefa de gabinete.
Tohá insistió en que “la dinámica es que cuando se hacen esos comentarios, se retira el documento, se le agregan y se vuelve a incorporar”, y aseguró que aquel trámite “va a pasar hoy mismo”.
Una vez que esto se solucione, los uniformados irán a terreno para comenzar el control fronterizo en dos o tres días, según la titular del Interior, que añadió que parte de estas nuevas atribuciones se implementarán la próxima semana.
La situación fue vista con preocupación por el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien señaló que “cada vez que se retiran decretos que son importantes para las zonas fronterizas, como nosotros que vivimos día a día una migración irregular descontrolada, donde entra y sale del país que quiere, evidentemente que afecta la inmediatez en que las decisiones se puedan tomar”.
“Desde luego, cuando vemos que la presencia militar es necesaria se retrasa, lo lamentamos profundamente. Así es que lo que esperamos es que el Gobierno pronto reponga esta ley en la toma de razón de Contraloría, con el objeto que se provoque con mayor oportunidad esta intervención militar en zonas fronterizas”, puntualizó la autoridad regional.
Previamente, el Ejército se reunió con representantes del Ministerio Público para identificar eventuales nudos críticos para el inicio de esta labor.
El fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, señaló a Cooperativa Regiones que en esa cita, “hemos puesto a disposición la posibilidad de desarrollar capacitaciones en un breve plazo, a objeto de poder llegar y traspasar información jurídica que permita a los funcionarios desarrollar adecuadamente el trabajo”.
La relevancia de tal preparación es que los controles de identidad que deben encabezar no son parte del desempeño habitual del Ejército.
“Son las primeras coordinaciones que estamos desarrollando, pero al menos desde mi perspectiva, desde el Ejército hay preocupación y disposición en términos de desarrollar un trabajo acorde a las expectativas que la ley plantea”, destacó el persecutor.
