El Gobierno salió al paso de cuestionamientos y aclaró que no busca extender en el tiempo el estado de excepción constitucional de emergencia anunciado para la Macrozona Sur, dado el clima de violencia e inseguridad que se vive allí.
Según informó radio Cooperativa, desde La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, sostuvo que “es un tema complejo, sin dudas, no es de fácil explicación, pero diría que todo redunda en cuál es la agenda de mediano y largo plazo, y de forma efectivamente excepcional, y no como algo que queramos extender en el tiempo, es que necesitamos proteger las rutas”.
Asimismo, aseguró que la decisión del Ejecutivo de decretar esta medida, pese a que inicialmente buscaba impulsar un “estado intermedio” -idea a la que debió renunciar por falta de apoyo en el oficialismo-, no estuvo influenciada por algún partido político.
“No fue la representación de ningún partido en particular lo que hizo que el Gobierno haya tomado esta definición”, apuntó, recordando que “partidos de oposición y de oficialismo tuvieron ciertas aprensiones y dudas que impidieron generar un consenso” para viabilizar el eventual proyecto en el Congreso.
El Gobierno aboga por que el estado de emergencia sea lo más acotado posible y conversará con las Fuerzas Armadas para garantizar que exista un respeto irrestricto a los derechos humanos.
Decreto fue ingresado a la Contraloría
En lo inmediato, el decreto para las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y las de Malleco y Cautín, las dos que conforman La Araucanía, fue ingresado a Contraloría General de la República para su toma de razón.
En el documento, La Moneda argumenta que “en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente, en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío”, que “en reiteradas oportunidades se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de vías que conectan diferentes zonas de nuestro territorio”, y que “también hemos visto cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”.
Reacciones políticas
Desde el mundo político, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, comentó que “teníamos otra preferencia de curso de acción, que tenía que ver con el proyecto de ley de estado intermedio, pero finalmente nuestra posición tiene que ver con respaldar la decisión del Presidente”.
En tanto desde la oposición, el diputado de RN Jorge Rathgeb, comentó que “es insuficiente, porque no basta resguardar las rutas y caminos. Hay muchas otras actividades que se desarrolla en la Región de Araucanía y que hoy día corren riesgo. La situación se ha ido agudizando”.
