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Gobierno promulga reforma al sistema notarial que pone fin a cargos vitalicios

El Gobierno promulgó la esperada reforma al sistema notarial, una iniciativa que busca modernizar y transparentar un servicio largamente cuestionado por la ciudadanía. La nueva ley establece límites a la permanencia en los cargos, fija tarifas máximas, incorpora procesos de selección mediante el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la fiscalización a través del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó que se trata de una medida que va más allá de una modificación administrativa. “Permitirá contar con un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. Por ello, no se trata únicamente de una reforma de carácter administrativo, sino de una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Justicia subrayó la relevancia del nuevo sistema de concursabilidad. “Notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de Alta Dirección Pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”, señaló.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el fin de los cargos vitalicios: las autoridades del sistema notarial deberán cesar en sus funciones al cumplir los 75 años. Asimismo, se prohíbe la inclusión de familiares de determinadas autoridades en los procesos de selección y nombramientos, para evitar conflictos de interés.

En el ámbito de la fiscalización, el Sernac tendrá facultades para supervisar la calidad del servicio y canalizar reclamos por problemas de atención, cobros indebidos o irregularidades. Además, la reforma contempla la modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a registros, plataformas de reclamos y sitios web informativos.

Otro de los puntos centrales es la fijación de precios máximos para trámites notariales, a través de un procedimiento técnico a cargo de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. También se establecen requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento tecnológico y horarios de atención obligatorios, con el fin de asegurar una mejor experiencia para los usuarios.

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