En una acción esperada, el Gobierno ha presentado un veto a la Ley de Usurpaciones, buscando eliminar la “legítima defensa privilegiada” y regular la proporcionalidad de las penas establecidas en la normativa aprobada por el Senado. El objetivo principal de este proyecto es regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, aumentando las sanciones y estableciendo mecanismos eficientes de restitución.
La medida propuesta modifica el Código Penal para establecer penas privativas de libertad por los delitos de usurpación y facilitación de la detención de los ocupantes. Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, en caso de usurpación, se hará valer las reglas generales sobre legítima defensa y detención ciudadana. Se busca evitar que se fomente la violencia por parte de los civiles para reivindicar sus derechos, instando a que estos se hagan valer a través del Estado de Derecho. Sin embargo, se salvaguarda que el delito se mantenga como un delito permanente y que las fuerzas policiales puedan actuar en cualquier momento.
Tohá también subrayó que la usurpación será considerada como un delito en lugar de una falta, permitiendo la acción de las policías en cualquier momento. Además, se establecerán penas graduales dependiendo de la situación, separando casos de usurpación con violencia e intimidación de aquellos sin violencia pero con daño a las propiedades. Finalmente, se considerará la usurpación pacífica, dejando a criterio del juez si aplicar pena de cárcel o multa en estos casos.
Estas modificaciones tienen como objetivo promover el cumplimiento de la ley y garantizar un proceso legal adecuado en situaciones de usurpación, con un enfoque en la proporcionalidad de las penas y la acción efectiva de las autoridades para mantener el Estado de Derecho.
