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El Gobierno ingresó una veintena de propuestas a la comisión mixta que revisa el proyecto de ley corta de isapres, y el presidente de la instancia, el UDI Javier Macaya, señaló que “lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado”.
A contrarreloj es tramitada esta iniciativa ya que debe ser despachada antes de que este domingo 12 de mayo venza el plazo para implementar el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores.
La ley corta está en su trámite final en la comisión mixta, que deberá subsanar las discrepancias entre la Cámara Baja y el Senado, donde se esperaba el ingreso de las indicaciones finales por parte del Ejecutivo, las que finalmente ascendieron a 28 propuestas.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso: “nosotros como Ejecutivo, lejos de la displicencia, es la responsabilidad lo que nos ha llevado a proponer todas estas medidas. Esperamos que sean bien acogidas y que tengamos la posibilidad de tener un diálogo fructífero que permita una aplicación de la sentencia con un proyecto de ley que, a nuestro juicio, equilibre adecuadamente lo que son las obligaciones en un fallo que es justo, en el sentido de evitar que las personas sigan pagando cobros que la Corte ha considerado que son en exceso y que son más de 800 mil personales que están esperando que se reduzca este cobro ya desde noviembre del año 2022”.
Sin embargo, el senador Macaya fustigó que “ha sido como el cuento del lobo, de que se terminan las isapres, de que hay una preocupación de que el sistema de salud privado puede colapsar, y estamos ad portas de que eso ocurra”.
“Yo quiero transmitir que las indicaciones que ha presentado el Gobierno dan cuenta de que el Gobierno está empujando con cada vez más fuerza el sueño de que todos nos vayamos a Fonasa, de que todos nos atendamos en el sistema público”, aseguró el también timonel UDI.
Asimismo, declaró que “lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado. Le transmitimos al Ejecutivo que no están nuestros votos disponibles hoy día, para prolongar esa agonía. Para soluciones en serio, conversémoslas, pero si hay una deuda de 1.500 millones de dólares y las isapres no valen ni un tercio de eso, es evidente que no hay posibilidad de que el sistema pueda subsistir. Preferimos que el Gobierno asuma su responsabilidad”.
