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Gobierno ingresa con suma urgencia proyecto de reajuste del sector público

Agencias

El proyecto de reajuste al sector público ingresó este martes a tramitación bajo la calificación de suma urgencia, presentando una serie de modificaciones que van más allá del ajuste salarial.

Según lo informado, esta propuesta no solo incluye el reajuste, sino que además agrega unas 100 modificaciones a normas de distinta naturaleza.

Entre las disposiciones más relevantes, la iniciativa legislativa pospone el revalúo de bienes raíces, un proceso que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tenía previsto para 2026, ahora trasladándolo a 2027.

Además, el proyecto establece un plazo especial para que los predios ocupados puedan solicitar una rebaja en el impuesto territorial.

Otro punto destacado es la extensión del fondo de emergencia transitorio destinado a la reconstrucción en Valparaíso. Se propone que sea desde el 2026 hasta el 2028.

En el ámbito de la gestión laboral, el proyecto aborda una polémica regla para la no renovación de contratas.

Se explicita en el proyecto de ley el acuerdo alcanzado con la mesa del sector público, que, para poner fin a estas contratas, debe realizarse un acto administrativo que exprese los fundamentos y hechos que forman parte de la decisión.

Este mecanismo busca dar mayor claridad y justificación a las decisiones sobre la continuidad de los contratos.

Una de las incorporaciones que generó especial atención es la regla sobre el cese de funciones del personal de asesoría directa en los gabinetes de altas autoridades, conocido como personal de confianza.

Según el proyecto, deberán presentar su renuncia para hacerla efectiva a más tardar el 11 de marzo. Y si ello no ocurre, se concretará la renuncia mediante la petición realizada por la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de funciones por el solo ministerio de la Ley.

Esta disposición es significativa porque, lo que antes era un instructivo gubernamental, se incorpora ahora también como materia de ley dentro del proyecto de reajuste del sector público, otorgándole un carácter legal y permanente.

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