Pese a que no existe una ley que los defina y regule, el Gobierno está empujando la constitución de los pilotos de los consejos de cuenca, que representan un modelo de gobernanza participativa de gestión hídrica, intersectorial y con pertinencia territorial, compuesto por representantes del Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Se trata de una definición del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, instancia integrada por Energía, Agricultura, Ciencia, MOP y Minería, coordinados por Medio Ambiente.
El objetivo de los consejos de cuenca será “promover acciones orientadas a la gestión eficiente e integrada de los recursos hídricos, como el resguardo del consumo humano y el saneamiento y la preservación del ecosistema en equilibrio con la actividad productiva”.
A nivel nacional se comenzó con 16 pilotos -uno por región- y, en Ñuble, el Gobierno Regional definió a la cuenca del Itata, que abarca casi la totalidad de la superficie de la región.
El proceso de conformación de los pilotos comenzó en diciembre de 2022. Estos pilotos se conciben como espacios de diálogo de los actores vinculados al uso del agua, quienes “tendrán como misión participar en la elaboración e implementación de los planes estratégicos de recursos hídricos y del proyecto de ley que formalice esta gobernanza”.
Al respecto, el hidrólogo de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, Dr. José Luis Arumí, aseveró que “es una aspiración que se está hablando acá en Chile hace unos 30 años, que tiene que ver con la gestión integrada del agua”.
“Lo que pasa es que nosotros tenemos un mecanismo de distribución de agua que se basa en los derechos de aprovechamiento, que funciona relativamente bien, pues las juntas de vigilancia hacen la pega súper bien, resuelven un montón de conflictos, pero estamos hablando de distribución entre los usuarios con derechos de agua; pero hay muchos más tipos de usuarios, por ejemplo, el turismo, la protección ambiental, los valores culturales y religiosos, la calidad del agua, etcétera. Entonces, cada región va a tener distintos problemas, por ejemplo, la protección del humedal costero del Itata, que es una zona de interés ecológico, o el salto del Chillán. Entonces, si nos interesa proteger el salto del Chillán, y viene el proyecto de la DOH, de construir un embalse en el río Chillán y van a inundar el salto, se va a generar un conflicto. Si tú lo miras desde el punto de vista de los derechos de agua, está impecable, pero hay otros valores de la comunidad que se interfieren. Entonces, ¿dónde los discute? ¿Cómo los discute? Y ahí aparece la función de los consejos de cuencas”, explicó el académico.
Arumí ha sido uno de los principales defensores a nivel local de los consejos de cuenca y no esconde su temor de que la tramitación de un proyecto de ley como éste tarde varios años, tal como ocurrió con la modificación del Código de Aguas. En esa línea, apuntó a la dificultad que representa sentar a la mesa a distintos actores sin una ley, “porque está la famosa dispersión de los organismos públicos”. Y añadió: “una de las cosas que muchos especialistas le tenemos miedo es a la defensa de la parcela de cada repartición pública”.
“A mí me preocupa que esto se dilate, que venga el cambio de gobierno y se deje de lado”, puntualizó.
Consejo de cuenca piloto de Itata
El seremi de Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas, explicó que, “para el consejo de cuenca piloto del Itata (CCP Itata), se ha avanzado en las actividades de coordinación con el sector público (Gobierno Regional y Comité interministerial de transición hídrica justa, a escala nacional y regional), para preparar el trabajo territorial que permitirá dar paso a la conformación de un Grupo Promotor (GP) regional, encargado de plasmar la visión territorial en la instalación del Plenario del consejo de cuenca”.
“Este GP, en una primera reunión, debe revisar el trabajo que la Unidad Técnica Macrozonal Sur ha propuesto sobre el mapa de actores clave, para observar la adecuada y suficiente representación de los distintos grupos de interés que conviven en la cuenca en relación con el agua (quiénes faltan, quiénes están sub o sobre representados para funcionar con equilibrios mínimos que permitan un funcionamiento ejecutivo). Así también, en una sesión, hará una revisión de las brechas y ejes estratégicos levantados a partir de la Estrategia Regional de Desarrollo, planes y programas vigentes en la cuenca”, detalló Rivas, quien añadió que para formalizar la conformación del consejo piloto, se emitirá una resolución del Gobierno Regional.
Al respecto, el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, explicó que su cartera “ha tenido un rol articulador facilitando el diálogo de los diferentes actores institucionales, como el Gore, la academia y los agricultores”.
Los más suspicaces, sin embargo, observan poco entusiasmo del Gobierno Regional por empujar el proceso, algo que descartó el seremi de Medio Ambiente: “Lo que sí debemos considerar es que este año ha sido muy complejo para nuestra región. No podemos desconocer los incendios del verano y las inundaciones pasadas”.
Desde el Gore también lo descartaron. “Esperamos que el piloto pueda estar conformado prontamente”, afirmó Cristian Quiroz, jefe de la División de Infraestructura y Transporte, quien añadió que, “hemos participado en reuniones con el objeto de precisar qué actores e instituciones debieran ser invitados a la instalación del piloto, las características de funcionamiento, alcances de esta etapa y otros elementos que puedan dar solidez a la instalación”.
Proyecto sin ley
Quiroz reconoció, sin embargo, la importancia de llevar adelante un proceso legal. “Creemos que la política pública que promueve los consejos de cuenca está muy bien inspirada y que se debe viabilizar su instalación a través de una futura ley. Sin duda sería una contribución para la gobernanza de los recursos hídricos con una mirada amplia y sostenible. Este tema tiene una especial relevancia para nuestra región en el contexto de ruralidad y pobreza, considerando la necesidad de mayor cobertura en el acceso al agua potable en zonas rurales, aumentar y eficientar las hectáreas de riego, entre otros desafíos, en el marco de escasez hídrica y crisis climática”.
En ese sentido, el profesional afirmó que, “tal vez es un riesgo avanzar en la instalación de los consejos sin una ley que les crea, no obstante, los pilotos precisamente tendrán responsabilidad en levantar información y aportar contenidos descentralizados para la elaboración del proyecto de ley”.
De igual manera, Quiroz defendió este modelo participativo: “Uno de los sellos del Gobierno Regional es la participación, por eso valoramos el involucrar a diversos actores en la definición de estrategias, planes y políticas, particularmente en una dimensión tan compleja como urgente, como es el caso de la gestión de los recursos hídricos. Esto implica usuarios de APR, regantes, juntas de vigilancia, academia, institucionalidad pública, empresas privadas”.
Consultado por las expectativas, Cristian Quiroz expuso que, “lo primero es la presentación del proyecto de ley y que éste tenga una tramitación oportuna en el Congreso, casi en paralelo, esperamos que esta instancia sea efectivamente un espacio resolutivo descentralizado, cada vez con menos injerencia central y con mayor autonomía en la participación de las entidades incumbentes de Ñuble. Eso puede permitir una gobernanza efectiva, integradora, pertinente, que aporte en la definición de planes e instrumentos tan necesarios en la región”.
Por su parte, el seremi Mario Rivas planteó que, “la expectativa es la instalación de un organismo que articule a todos los actores, esfuerzos y recursos para buscar soluciones y reducir la conflictividad que existe en torno al agua”.
Consultado sobre las críticas por implementar consejos que no existen en la legislación, el seremi de Medio Ambiente retrucó: “primero deberíamos plantearnos ¿podemos levantar un proyecto de ley que regule la gobernanza hídrica, con pertinencia territorial, reconociendo las realidades y saberes de cada territorio, sin procesos participativos? Planteo esto porque los pilotos constituyen un espacio que permite indagar y levantar las formas de integración, deliberación y participación en la gobernanza. Dictar una ley sin conocer la realidad territorial y sin la participación activa de nuestra ciudadanía, antes, durante y después de su formulación, correríamos el riesgo en su implementación”.
Un planteamiento similar hizo el seremi de Agricultura, quien reconoció que “en los últimos días se ha estado instalando en ciertos sectores un discurso que cuestiona la legalidad de los consejos pilotos, sin embargo, el marco jurídico chileno permite hace décadas la instalación de espacios de diálogo en torno a materias de interés público, como el agua, por lo cual la discusión esta más relacionada con el rol de los concejos y su grupo promotor en la formulación participativa de un proyecto de ley tan importante. Chile es un país muy legalista, y contar con la ley de consejos de cuenca es importante para dar mayor formalidad y sostenibilidad a la política pública. Dada la gran heterogeneidad del país, los diferentes intereses involucrados en el uso del agua, una la ley sin estas experiencias pilotos sería un riesgo”.
Arriagada agregó que “ayudarán al diseño definitivo de una orgánica que permita mejorar el acceso y la seguridad del agua en la cuenca. Para ello es fundamental contar con la visión de todos los que usan el agua, las organizaciones de usuarios de agua, de los servicios sanitarios rurales, de la agricultura familiar campesina, y por supuesto, de la academia, organizaciones de la sociedad civil y los servicios públicos”.
El titular de Agricultura argumentó que “generar una instancia que articule a todos los actores, esfuerzos y recursos para buscar soluciones, y reducir la competencia y conflictividad que existe en torno al agua, es la forma más adecuada de enfrentar este nuevo escenario de menos disponibilidad de agua y mayor demanda de este recurso. Por ejemplo, la búsqueda de soluciones estructurales a la provisión de agua potable rural”. En ese sentido, planteó que “la expectativa es que mediante la colaboración de los actores que representan distintos usos, valores e intereses vinculados al agua, se pueda identificar y priorizar proyectos de infraestructura e iniciativas que respondan a objetivos comunes, para luego articular y apalancar colaborativamente los recursos que permitan implementarlos, siempre pensando en ser más eficientes la gestión de los recursos hídricos de la región”.
Aprensiones de los regantes
Entre los regantes hay ciertas aprensiones respecto a la implementación y operación de los consejos de cuenca, pero curiosamente, ningún dirigente de las tres principales juntas de vigilancia de la región (Ñuble, Diguillín y Chillán) se atrevió a dar su opinión. Algunos “mal pensados” comentaron que estas organizaciones están expectantes a la evolución de sus respectivos proyectos de embalse y no quieren entrar en conflicto con el gobierno en un escenario donde aún no hay certezas, pero sí mucha “sensibilidad”.
Fuentes del sector, sin embargo, adelantaron que la próxima semana podría conocerse una declaración conjunta de 25 organizaciones de regantes del país, que preparan una presentación ante Contraloría solicitando aclarar por qué los funcionarios públicos están promoviendo los consejos de cuenca sin ninguna ley que los ampare, dado que ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. En esa línea, los regantes se preguntan de dónde obtienen los recursos para financiar una iniciativa que está al margen de la ley y plantean que se intenta sustituir al Legislativo al implementar los consejos piloto.
En el fondo, la principal aprensión de los regantes apunta a una eventual pérdida de influencia en la distribución de agua, ya que estas organizaciones serán una minoría en los futuros consejos (no más del 20%), una aprensión que desestimó el profesor Arumí: “tú no puedes pensar que los consejos de cuencas van a distribuir las aguas, eso no va a ocurrir, porque eso es potestad de las juntas de vigilancia de acuerdo a los derechos de aguas, pero sí pueden generar acuerdos, hasta quizás vinculantes, que se pueden llevar dentro de políticas de los gobiernos regionales, por eso es importante que estos consejos estén bajo el alero de los gobiernos regionales”.
En esa línea, Mario Rivas descartó que la instalación de los consejos implique restar competencias a las juntas de vigilancia y a la Dirección General de Aguas, de hecho, la DGA tendrá la secretaría técnica de los consejos.
“En ningún caso se plantea traspaso de competencias desde la DGA y menos la intervención en la redistribución del agua. Esa es un materia normada y delegada la atribución a la DGA por el Código de Aguas que, junto con la Ley Marco de Cambio Climático, son el marco jurídico referencial de este trabajo”, sostuvo Rivas.
El seremi sostuvo que el consejo “viene a fortalecer el rol de cada uno, con una mirada más integradora, buscando crear espacios para abordar desafíos asociados al agua, y contribuyendo en mejorar la seguridad hídrica en el mediano y largo plazo, con una perspectiva de cuenca, permitiendo, con ello, una adecuada satisfacción de todas las necesidades y prioridades de abastecimiento, entre las que destaca la salud de los ecosistemas para seguir sosteniendo el ciclo hidrológico, el acceso humano a un agua de calidad y el aumento de la seguridad de riego, vital para el uso agrícola del agua y el desarrollo económico de los territorios bajo riego, y de sus circuitos económicos locales conexos”.
