El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que revocará las pensiones especiales que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner percibe tanto por haber ejercido la Jefatura del Estado (2007-2015) como por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). La decisión surge tras la confirmación en segunda instancia de una condena contra Fernández por corrupción, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo.
La medida implica la suspensión de un total de 21,8 millones de pesos argentinos anuales, lo que equivale aproximadamente a 21 millones de pesos chilenos. Estas pensiones, establecidas bajo la ley 24.018 y de carácter no contributivo, son otorgadas a expresidentes y exvicepresidentes en reconocimiento de su “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”, según explicó Adorni. Sin embargo, el portavoz argumentó que “la jubilación a un mandatario no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder”.
La Cámara Federal de Casación Penal argentina ratificó recientemente una sentencia que inhabilita de forma perpetua a Cristina Fernández para ocupar cargos públicos y la condena a seis años de prisión por delitos de administración fraudulenta. Según la resolución, la exmandataria incurrió en irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el propio de Fernández.
Adorni adelantó que Fernández podría recurrir la medida en los tribunales, especialmente considerando que la sentencia no es definitiva y aún puede ser apelada ante la Corte Suprema. Sin embargo, afirmó que la expresidenta seguirá teniendo derecho a recibir su jubilación y pensión de viudez en función de sus aportes al sistema de seguridad social, pero no los beneficios adicionales por los cargos ocupados.
El anuncio llega en un contexto de fuertes tensiones políticas y jurídicas en Argentina, donde el gobierno de Milei ha manifestado su intención de eliminar ciertos beneficios y pensiones especiales para funcionarios en su cruzada contra los llamados “privilegios políticos”.
