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La población penal en Chile ha alcanzado un preocupante hito, superando las 58 mil personas privadas de libertad, mientras el sistema carcelario cuenta con apenas 42 mil plazas disponibles. La situación ha puesto en alerta al Gobierno, que advierte sobre una inminente crisis estructural si no se toman medidas urgentes.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que la entrada en vigencia de la Ley de Reincidencia podría agravar significativamente el problema, aumentando aún más la cantidad de internos en los centros penitenciarios del país. “Estamos cerca de una crisis bien estructural de sobrepoblación”, advirtió el secretario de Estado, subrayando la necesidad de decisiones rápidas para ampliar y extender las plazas penitenciarias.
La Ley de Reincidencia, aprobada como parte de un paquete de medidas de seguridad bajo el denominado “fast track”, es vista como un hito en la lucha contra el crimen. Sin embargo, su implementación ha revelado un flanco débil: la insuficiencia de plazas carcelarias para albergar a la creciente población penal.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno ya está barajando diversas opciones. Entre las medidas consideradas, destaca la extensión del “fast track penal” para acelerar los procesos previos a la construcción de nuevas cárceles. Según afirmó el ministro Cordero, el Ejecutivo no solo trabaja en la construcción de un penal, sino en múltiples ampliaciones y nuevos recintos, con el objetivo de aumentar en 12 mil las plazas disponibles.
Este plan incluiría la construcción de nuevos recintos de máxima seguridad en las ciudades de Talca, Copiapó y Calama, lo que contribuiría a aliviar la presión sobre el sistema penitenciario nacional.
