El Gobierno del Presidente Gabriel Boric autorizó formalmente el uso de pistolas taser, conocidas como Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (D.E.I.T.), por parte de Carabineros. Se trata de dispositivos no letales que inmovilizan temporalmente a una persona mediante una descarga eléctrica enviada por pequeños dardos.
Tras recibir un oficio positivo de la Subsecretaría de Seguridad Pública la semana pasada, según consignó La Tercera, se espera que su implementación comience con un plan piloto antes de que termine 2025.
El proceso de incorporación de estas armas comenzó en febrero de este año, cuando Carabineros aprobó un protocolo para el uso, porte y mantenimiento de las taser. Inicialmente, el plan piloto estaba contemplado para marzo y focalizado en casos de violencia intrafamiliar (VIF), pero se retrasó debido a ajustes administrativos, modificaciones en la cartilla de uso y el traspaso de competencias al Ministerio de Seguridad, creado en abril.
En marzo, durante la última sesión de la Unidad Consultiva del Gobierno —que reúne a diversos actores del mundo civil— Carabineros expuso avances del proyecto y señaló que las taser también podrían utilizarse en el plan cuadrante de seguridad preventiva. De todas formas, la implementación ha generado preocupación de organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo al citado medio, tras la autorización, Carabineros activará las gestiones de compra de dispositivos de último modelo, cuyo valor individual aproximado es de $5 millones. En paralelo, se realizarán capacitaciones para el personal policial. El plan piloto mantendrá como prioridad los casos de violencia intrafamiliar, pero no se descarta su uso en otras situaciones de seguridad preventiva.
La pistola taser es un arma que, al activarla, dispara dos pinzas al cuerpo a una velocidad de alrededor de 175 km/h, infiriendo una descarga de alto voltaje que incapacita a nivel neuromuscular a la persona objetivo.
Organizaciones de derechos humanos han levantado la voz ante una eventual extensión en su uso para otros casos de agresión que sufran efectivos policiales, y donde no se incluyan armas letales.
Carlos Margotta, director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sostiene que las pistolas taser “deben estar sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de las personas sobre las que se emplean”.
