La descentralización volvió al centro de la agenda legislativa luego que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmara que el Ejecutivo pondrá urgencia al proyecto que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales.
El anuncio se realizó en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, instancia presidida por la senadora Danisa Astudillo, donde se delinearon las prioridades del Ejecutivo en materia institucional.
La iniciativa -que ya fue aprobada en general por la Sala- había permanecido sin urgencia, en medio de cuestionamientos por su lenta tramitación. Con este giro, la Moneda busca reactivar una discusión que toca uno de los nudos estructurales del proceso descentralizador: la capacidad real de las regiones para administrar sus propios recursos.
En su exposición, Alvarado reconoció dificultades operativas en el traspaso de competencias, asegurando que, de las 35 proyectadas, solo cuatro se han concretado, mientras que otras 11 solicitudes fueron rechazadas por la Contraloría. A ello se suma un dato político relevante: desde 2022 ningún gobierno regional ha solicitado nuevas competencias, reflejando un estancamiento del proceso.
El impulso al proyecto de descentralización financiera aparece así como un intento por destrabar ese escenario. La propuesta busca dotar a los gobiernos regionales de mayores herramientas para gestionar presupuestos y fortalecer su responsabilidad fiscal, en línea con una agenda más amplia que también incluye iniciativas sobre probidad municipal y control del gasto público.
“Se requiere autonomía efectiva”
Desde Ñuble, el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, resaltó el anuncio, aunque advirtió que el debate debe traducirse en cambios concretos. La autoridad sostuvo que la descentralización no puede limitarse a ajustes administrativos, sino que requiere autonomía efectiva para responder a las demandas territoriales.
Crisóstomo apuntó a las tensiones persistentes entre el nivel central y las regiones, especialmente en materia presupuestaria y en la ejecución de políticas públicas. Cuestionó prácticas como recortes sin consulta previa y la lentitud en la implementación de acuerdos, elementos que -a su juicio- contradicen la promesa de un Estado más ágil.
El gobernador también vinculó la discusión con el proyecto “Regiones Más Fuertes”, que permanece estancado desde 2023, insistiendo en que la descentralización debe ir acompañada de mecanismos de control robustos, pero sin trabas burocráticas que limiten su impacto.
Con la urgencia anunciada por el Ejecutivo, el Senado se prepara para retomar una discusión de larga data: cuánto poder está dispuesto a ceder el nivel central y hasta dónde las regiones podrán ejercerlo
