La decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar un recorte del 3% al gasto público abrió un nuevo flanco de tensión entre el nivel central y las regiones, justo en el arranque del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Gobernadores de distintos territorios han manifestado su inquietud por el impacto inmediato que tendría la medida, tanto en la ejecución presupuestaria como en programas sociales ya comprometidos.
Desde Los Ríos, el gobernador Luis Cuvertino calificó la medida como un “atentado contra la regionalización”, advirtiendo que en su región implicaría una reducción de $2.600 millones, con efectos en gasto en personal y programas de inversión.
La preocupación no es aislada: se replica en varias regiones que ven amenazada su capacidad de ejecución en áreas sensibles.
En Ñuble, el gobernador Óscar Crisóstomo endureció el tono y expresó un rechazo frontal a la medida.
“Rechazamos categóricamente el recorte del 3% que el Gobierno propone al presupuesto de Ñuble”, afirmó, resaltando que la decisión “perjudica a todas las regiones y, sobre todo, a sus habitantes”.
La autoridad regional enfatizó que los Gobiernos Regionales administran menos del 2% del gasto público nacional, por lo que cuestionó que el ajuste se concentre en este nivel.
“Los esfuerzos de austeridad deben aplicarse primero en la estructura central, no a costa de las regiones”, sostuvo. Crisóstomo advirtió que la rebaja “amenaza proyectos esenciales” como saneamiento sanitario, agua potable y alcantarillado, además de iniciativas vinculadas a seguridad pública, incluyendo la adquisición de equipamiento para policías.
“No permitiremos que el ajuste recaiga en quienes menos tienen; defenderemos cada peso que pertenece a nuestra gente”, recalcó.
Asimismo, adelantó que cualquier modificación presupuestaria será llevada al Consejo Regional, dejando entrever una postura institucional contraria a validar recortes que impacten la calidad de vida de la población.
“Avanzar hacia una buena priorización”
En contraste, desde el oficialismo regional surgieron voces que respaldan la decisión del Ejecutivo. La consejera regional de RN, Bárbara Hennig, defendió el ajuste como una señal necesaria de orden fiscal.
“El recorte del 3% no es un problema, es una corrección necesaria frente a años de desorden fiscal”, sostuvo.
Hennig cuestionó las críticas de autoridades regionales, asegurando que existe una contradicción en quienes hoy rechazan la medida tras haber guardado silencio frente a un uso ineficiente de recursos en el pasado.
“Este gobierno está haciendo lo que corresponde: avanzar hacia un Estado eficiente que priorice bien”, afirmó.
El debate adquiere una dimensión política adicional considerando que la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi), que encabeza el diálogo con el Ejecutivo, es presidida actualmente por una autoridad ligada a Chile Vamos. Este factor introduce un elemento de tensión interna, en la medida que gobernadores de distintos sectores buscan una posición común frente a la Dirección de Presupuestos.
Durante esta jornada, representantes de Agorechi se trasladaron a Santiago para sostener reuniones con la Dipres, en busca de alternativas que permitan mitigar el impacto del recorte o, al menos, redefinir sus alcances.
