El mundo político se vio conmocionado el pasado fin de semana con la detención del alcalde de San Ignacio, César Figueroa (ex-UDI) y otros cinco funcionarios municipales en el marco de una investigación por cohecho, soborno y fraude al fisco que realiza la fiscal de Chillán, Nadia Espinoza Caro.
El denominado, hasta ahora, caso “Cuentas Corrientes”, involucraría delitos de corrupción ligados precisamente al proceso de licitación de cuentas corrientes que lleva a cabo el municipio de Diguillín. El hecho que varios de los detenidos tengan o hayan tenido un pasado político o de cercanía con diversos partidos, sin duda ha generado preocupación a nivel regional, a la vez que el hecho que se involucre a un municipio pequeño, sin duda ha puesto en alerta a las autoridades regionales.
Confianza de la comunidad en las instituciones
Respecto de la situación de la comuna de San Ignacio, -donde su hermano, Francisco Crisóstomo, ejerce como director de Desarrollo Comunitario-; el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, manifestó que “solo conozco los antecedentes que se han compartido públicamente y que nos hablan de una situación que parece grave, que a mi juicio debe ser investigada con prontitud, por la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la comuna, quienes merecen conocer los hechos; pero teniendo claro también que debemos permitir que las instituciones a cargo de la investigación, hagan su trabajo de forma seria y responsable, porque aquí están en juego la fe pública, los recursos públicos y lo más importante, la confianza de la comunidad en las instituciones y sus autoridades, de quienes esperan máxima transparencia, y por cierto, un buen uso de los recursos”, afirmó.
Rol de los municipios
En tanto, el diputado independiente-DC, Felipe Camaño, sostuvo que no se adelantará a realizar juicios prematuros, “ya que son los tribunales los que tendrán que determinar responsabilidades. Entiendo que hay una investigación en curso. Como comunidad esperemos que el curso de esta investigación llegue a buen puerto. No debemos hacer juicios apresurados, y si la justicia determinase responsabilidades, que se aplique la ley. Todos y todas esperamos que las instituciones funcionen”, aseveró.
El parlamentario agregó que “sería lamentable que, frente a eventuales responsabilidades, las personas pierdan la confianza en el rol de sus autoridades, sobre todo en los municipios, quienes son la institución que realiza el primer contacto con las personas. Sabemos que existen municipios comprometidos, con autoridades que se la juegan y trabajan muy duro para ayudar a sus comunas, y estos casos, enlodan este importante rol social”, planteó.
