A solo semanas que culmine el plazo de estado de “causa secreta” de la rama ProCultura del caso “Convenios”, a cargo del fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en varias de las autoridades indagadas se generó la preocupación por posibles filtraciones de contenidos reservados que se encuentren en sus dispositivos personales, como computadores o teléfonos celulares que, dentro de las diligencias policiales, fueron incautados.
Dentro de las autoridades que ya buscaron resguardos vía judicial destaca el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, cuyo teléfono celular entregó voluntariamente, y a solicitud de la PDI, en su condición de imputado en los hechos que son materia de indagaciones fiscales.
“El ordenamiento jurídico consagra la cautela de garantías como un derecho que todas las personas pueden ejercer para proteger, en este caso, su vida privada”, comentó el gobernador a La Discusión.
Los resquemores de posibles filtraciones a la prensa se fundamentan en hechos similares ocurridos en el pasado reciente y que han significado escándalos dentro de las esferas políticas, jurídicas y empresariales del país.
Uno de los que más coletazos trajo fueron las conversaciones extraídas del WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, imputado por cohecho, sobornos y otros ilícitos. Estas conversaciones le costaron la prisión preventiva, pero además, forzaron las renuncias de directores de entidades como el Servicio de Impuestos Internos o la misma Corte Suprema.
Más recientemente, las filtraciones de las conversaciones entre la alcaldesa de Santiago, Hiraci Hassler, y la diputada Carol Cariola, criticando en duros términos la gestión del Presidente Gabriel Boric, motivaron que la jefa comunal presentara una querella en contra de quienes resulten responsables de esas filtraciones, en el entendido que se trata de material clasificado y que se reserva bajo cadena de custodia.
En este contexto, el gobernador aclara que “siempre he manifestado mi plena disposición a colaborar con la investigación”, pero añade a la vez que “eso no implica exponer mis comunicaciones privadas, que en ningún caso tienen relación con esta indagatoria, y que pueden darse por muchas razones, como por ejemplo, en la vida familiar”.
La solicitud, ahora, deberá ser revisada por el Juzgado de Garantía de Chillán, en una audiencia fijada para este miércoles 10 de abril.
Los otros gobernadores que se encuentran en calidad de imputados por este caso son Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (Ind-FA), de Valparaíso; Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes.
El caso ProCultura
El llamado caso ProCultura busca establecer los destinos de grandes sumas de dinero que se entregaron para la realización de diversas actividades culturales en distintas regiones del país.
En Ñuble, la investigación alcanzó al gobernador Crisóstomo y otros funcionarios del GORE luego de una actividad realizada -mediante el trabajo de una agencia de eventos (Esquerré) de Concepción- relacionada a las reuniones entre el mundo público y privado que realizan esfuerzos para materializar el paso fronterizo Minas-Ñuble, con Argentina.
La autoridad regional es investigada por una presunta “omisión negligente”, al no supervigilar las rendiciones de ese proyecto de $268.100.000.
Los querellantes, entre ellos la exalcaldesa de San Fabián y consejera regional, Lorena Jardúa, han establecido que se debe esclarecer en esta tarea fiscal un presunto sobrepago a la agencia de eventos, cuyo propósito habría sido el pago de manejos políticos y otros hechos asociados.
