Señor Director:
La necesidad de reducir el gasto público defendida por algunos candidatos presidenciales, es de toda lógica y sensatez. Quienes afirman que el Estado ya es reducido y que recortar egresos pondría en riesgo programas y políticas sociales, en el fondo dicen una media verdad, que desconoce el uso que se le asigna a los cuantiosos recursos que se gastan en exceso. Nadie pretende eliminar programas sociales ni menos comprometer la responsabilidad social que naturalmente compete al Estado; más bien se trata de suprimir gastos que suponen despilfarro de recursos que nos pertenecen a todos, que no agregan ningún valor y que han convertido el empleo público en una arena parasitaria.
Perfectamente se pueden eliminar miles de empleos que no representan aporte alguno, que son una verdadera rémora y que han sido creados deliberadamente para ayudar a militantes, operadores políticos, amigos y parientes; trabajos inventados, prebendas y sinecuras bien remuneradas que tenemos que solventar todos los chilenos con nuestros impuestos. Nada más ajeno y refractario a la justicia social
Cada peso que se gasta en la creación y mantenimiento de esos trabajos, es un peso que se detrae y resta de lo que debería invertirse en los ciudadanos comunes y corrientes, en las personas que sostienen al país y que cada día bregan con ahínco por sus familias; los trabajadores, jóvenes, estudiantes, ancianos y niños que conforman el auténtico pueblo. Entonces, insistir en que no se puede o no es conveniente rebajar la abultada carga fiscal es una falacia tosca e interesada, una manera opaca y poco honesta de defender privilegios más propios del feudalismo que de una sociedad moderna, que busca el desarrollo de todos sus miembros.
Gustavo A. Cárdenas Ortega
Abogado
