La región fue testigo nuevamente de las dramáticas consecuencias de los incendios forestales, con más de 2 mil hectáreas arrasadas principalmente en Quillón, pero, además, con la destrucción de viviendas, cultivos e infraestructura de trabajo, generando un enorme daño ambiental, económico y social.
Brigadistas de las empresas forestales y de la Conaf trabajaron codo a codo con Bomberos en el combate al fuego, en un esfuerzo del que también se ha hecho parte la comunidad. Millones de pesos se han movilizado en equipos humanos, aeronaves e insumos para evitar una catástrofe mayor.
Y así como en Ñuble, también en el Maule, en Biobío y La Araucanía se registraron otros incendios forestales que consumieron más de 29 mil hectáreas.
Tal vez, como manifestó el gobernador Óscar Crisóstomo, si se hubiese adoptado una estrategia distinta, con un fuerte despliegue de recursos desde el inicio, el daño hubiese sido menor. Hay, claramente, una nueva lección que aprender, aunque la necesidad de priorizar recursos da cuenta precisamente de su escasez.
Y si bien se entiende que las condiciones de altas temperaturas, fuertes vientos y muy baja humedad favorecieron la ocurrencia de estos siniestros, sería ingenuo pensar que se generaron únicamente por negligencia.
Además de los ataques y amedrentamientos sufridos por aeronaves y brigadistas para impedir que combatieran el fuego, también se constató una intencionalidad detrás de algunos focos. La detención de un imputado por el delito de incendio de bosque, ayer, en San Ignacio, es una prueba de ello.
“Tenemos evidencia y testimonios de personas, imágenes de focos simultáneos en menos de 2 minutos, de gente prendiendo focos, que hemos puesto a disposición de las fiscalías. Solamente en Coelemu hubo 8 focos simultáneos en menos de 2 minutos en un solo predio, no es algo normal”, señaló en Quillón este martes el gerente regional de Corma, Fernando Illanes.
Lamentablemente, no se trata de los pirómanos que han hecho noticia en el pasado, sino de grupos organizados, que cuentan con recursos y más grave aún, los mueve una ideología del odio, que antepone sus ideales por sobre la vida de lo demás, que vocifera contra una actividad económica que mueve comunas enteras y que prefiere ver en llamas un ecosistema con tal de sembrar el terror, en un enfermizo acto de protesta contra las plantaciones forestales.
En definitiva, se trata de terroristas que no se van a detener mientras el Gobierno no aborde apropiadamente el problema de la seguridad rural, donde los carabineros no tienen la capacidad para actuar en todos los frentes. En ese contexto, el trabajo de las policías y de los fiscales será fundamental para identificar y sancionar a los responsables.
Se requiere enviar señales claras y firmes de que estos delitos no quedarán impunes. Si bien se designaron fiscales en Ñuble y La Araucanía, y un fiscal preferente en el Maule, que están trabajando de manera coordinada con las policías, la gravedad de los delitos requiere la dedicación exclusiva de persecutores especiales, de manera de avanzar con celeridad en las respectivas investigaciones, así como también evaluar la pertinencia de abordar estos delitos como de carácter terrorista.
