El explosivo aumento de los costos de la construcción constituye la principal amenaza para el objetivo estratégico del Gobierno de dar respuesta al déficit habitacional, que las estimaciones oficiales más recientes cifran en 600 mil viviendas a nivel nacional.
Y si bien en los años de la prepandemia se había logrado un ritmo creciente en la construcción de viviendas que permitía mirar con esperanza el futuro, hoy la realidad muestra una ralentización de los proyectos con subsidio estatal, un aumento de las extensiones de plazo para los inicios de faenas y una tasa de desistimientos de las empresas que llega al 20%, duplicando la tasa de hace un año. En otras palabras, hoy se está construyendo menos.
Y el escenario para el presente año no se vislumbra mejor, pues según datos del INE, la superficie autorizada de permisos de edificación en la región de Ñuble anotó una fuerte caída de 46,1% en 2021, en comparación con 2019.
La escasez y el alza del costo de la mano de obra y de los materiales ha borrado la ganancia en la mayoría de los proyectos, valorizados hace tres o cuatro años, porque el aporte estatal no se ha reajustado lo suficiente, e incluso, en el programa de integración social, el monto del subsidio se ha mantenido sin variación real. Y en estos proyectos, a diferencia de los privados en que las alzas se pueden traspasar parcialmente al precio final, los valores son fijos y su modificación depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
A medida que los sobrecostos que la Cámara Chilena de la Construcción calcula en 30% solo en los últimos 12 meses han superado ampliamente los estrechos márgenes de utilidad que maneja esta industria, altamente atomizada y competitiva, las empresas han ido perdiendo interés por postular, escogiendo solo algunos proyectos, aquellos que no impliquen ir a pérdida.
De hecho, en la región hay seis proyectos por un total de 1.242 viviendas que fueron adjudicados en 2020 y 2021 pero que aún no inician obras, así como también hay otros seis proyectos por 785 viviendas que exhiben un avance de obras inferior al 5%, es decir, que están al borde de la paralización oficial.
Desde el gremio de la construcción sostienen que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Vivienda por compensar estas alzas ha sido insuficiente, y que se requiere aumentar los montos de los subsidios, así como también ajustar los tramos de valores de las viviendas hacia arriba.
En el Ministerio de Vivienda conocen la problemática que enfrenta el sector y ya tomaron nota de la observación hecha por la Cámara Chilena de la Construcción, como parte de un diálogo permanente con el gremio, lo que podría traducirse, en el corto plazo, en una inyección de recursos adicionales.
Requiere un sentido de urgencia abordar esta problemática, particularmente si el actual gobierno ha puesto entre sus prioridades la reducción del déficit habitacional, pues la demora en la ejecución de estos proyectos no solo retrasa la entrega de la casa propia a miles de familias y aleja el cumplimiento la meta gubernamental, sino que también amenaza la viabilidad económica de las empresas y, en consecuencia, la fuente laboral de muchos trabajadores que participan en toda la cadena de valor.
