Para el día 15 de septiembre quedó fijada la audiencia de formalización por presuntos delitos de negociaciones incompatibles, que el Ministerio Público de San Carlos lleva contra el suspendido alcalde de San Carlos, Hugo Gebríe.
Es el fiscal Rolando Canahuate quien lleva esta causa, en la que se investiga al destituido jefe consistorial, por un supuesto manejo ilícito en la compra de un terreno de casi 9 mil metros cuadrados, en el sector del fundo Llahuimávida, comuna de San Carlos, por parte del municipio, para realizar un camino que uniera las localidades de Monteblanco con San Camilo.
Según los documentos que han presentado algunos querellantes, como la concejal Lucrecia Flores y otros ediles, Gebríe, a través de un tercero, había comprado esos terrenos para poder, posteriormente, venderlos a sabiendas del aumento de plusvalía que supondría la construcción del camino.
Pese a que las primeras querellas se interpusieron en el año 2015, no fue hasta el mes de mayo que el Ministerio Público había solicitado una orden al tribunal para que se decretara el alzamiento de las cuentas bancarias de Gebríe, además de rastreo del flujo de llamadas telefónicas realizadas en esa periodo, siendo una de las últimas diligencias hechas por la Fiscalía en el marco de este caso.
Pese a la cantidad de tiempo transcurrido, fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien accedió a los planos del lugar tras diversas reuniones con el director de Obras Municipales, Gastón Suazo, y a su vez, el CDE se entrevistó con el asesor jurídico de la Fiscalía Regional, Francisco Soto, por lo que la causa se reactivó.
Mariella Dentone, procuradora regional del CDE, dice que “se trata de un caso complejo, que requirió mucho esfuerzo e investigación por parte de la Fiscalía, y la colaboración de los querellantes fue primordial”, añadiendo que “sí, creo que ahora existen los antecedentes suficientes como para que se lleve a cabo una formalización”.
En entrevista anterior con La Discusión, el exalcalde Gebríe recordó que esos terrenos los adquirió de manera lícita, y que estos tenían un valor cercano a los $30 millones “y yo no me iba a andar metiendo en leseras por una cagá de plata”.
Persecución política
En esta oportunidad Gebríe optó hablar a través de su abogado, Giovanni Gotelli, quien de hecho ha estado revisando el caso desde un comienzo.
“No hay ninguna acción delictual en este caso. Todos los actos fueron ejecutados de manera legal, aprobados y hasta aplaudidos por el concejo municipal, y curiosamente, aparece después una de las concejales presentando denuncias a la Contraloría y después una querella”, dice .
Gotelli agrega que la causa estaba en un estado de receso, porque se habían investigado otras aristas con anterioridad, “sin que nunca se detectara ningún tipo de ilícitos, por la sencilla razón de que no lo hay. Es probable que ahora haya antecedentes que yo desconozca y eso espero poder revisarlo lo antes posible”.
Gebríe, desde el 2015, cuando dio las primeras declaraciones a la PDI, dijo que esto “es una cacería de brujas, una persecución política”.
Hoy, su abogado dice que “a mí también me lo parece, porque además, es fácil hacer leña del árbol caído”.
