Para el 12 de agosto próximo en el Juzgado de Garantía de Chillán quedó fijada la audiencia de formalización del alcalde de Chillán, Sergio Zarzar; del gerente general de Nevados de Chillán, Manuel Dinamarca; así como de los socios de la firma, Guillermo Ruiz, Darío Benucci y Giorgio Benucci; por la querella criminal por usurpación de aguas en las Termas de Chillán presentada por la Junta de Vigilancia del río Diguillín (JVRD).
La JVRD solicitó el 23 de septiembre de 2019 ampliar la querella criminal por usurpación de aguas presentada en abril de 2015 contra el jefe comunal, e incluir el desacato, debido a que si bien la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2017 cesar de inmediato las captaciones y desmantelar las obras que se construyeron para ello, a la fecha se continúa utilizando dichos afluentes para abastecer las instalaciones del principal complejo turístico de la región, según acreditaron las diligencias realizadas por personal de la PDI en el predio, como parte de la investigación que se encuentra radicada en la Fiscalía local de Chillán.
Desde la organización de regantes, el abogado Darío Silva Villagrán afirmó que “los hechos que motivan la decisión por parte del ente persecutor tienen su origen en la acción criminal presentada por la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes, organismo que representa a más de 2.200 agricultores de la Región de Ñuble, en la cual se imputa tanto al alcalde como a los representantes de la concesionaria, de haberse apropiado durante años de las aguas, cuyos titulares son los miembros de la Junta”.
Silva argumentó que “lo anterior fue ratificado por dos fallos de la Corte Suprema, los cuales sostienen que las aguas utilizadas por la concesionaria son de propiedad de la Junta y en consecuencia, se ordena detener la captación ilegal de aguas como asimismo, el retiro de las obras de captación, cuestión que hasta la fecha no acontece”.
Inicialmente, la audiencia de formalización estaba fijada para el 21 de junio, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, el tribunal resolvió reagendarla para agosto.
Después de la formalización, en que se imputarán los cargos, se definirá un plazo para la investigación y se dictarán medidas cautelares. Al cumplirse ese plazo, el fiscal tendrá que resolver si los acusa y los lleva a juicio oral o no.
Desde el municipio confirmaron que el alcalde Zarzar ya fue notificado de la resolución, sin embargo, declinaron referirse a la querella.
En Nevados de Chillán, en tanto, han criticado que esta acción judicial ponga en riesgo el abastecimiento de agua del principal destino turístico de la región.
Antecedentes
En noviembre de 2017 la Corte Suprema acogió el recurso de casación que presentó la JVRD con el que se anulaba la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, que absolvió al municipio local de las demandas para que cesara de extraer agua de las vertientes en las Termas.
Se trata de “15 vertientes naturales que nacen, corren en forma superficial y corriente hasta el estero Renegado, el cual es afluente directo del río Diguillín”, señala el escrito, por lo que en diciembre de 2014 y febrero de 2015 la JVRD presentó 15 denuncias contra la Municipalidad de Chillán ante la Dirección General de Aguas (DGA).
De acuerdo a las estimaciones de la DGA, la cantidad de recurso que el municipio requiere para mantener el suministro en los hoteles y las instalaciones aledañas equivalen a la cantidad necesaria para regar cerca de 300 hectáreas agrícolas. Se aclara también que no se trata de aguas termales.
Todas estas denuncias fueron acogidas por la DGA, que verificó que la Municipalidad de Chillán no es titular de derechos de aprovechamiento de aguas en las vertientes desde las cuales se están extrayendo aguas, como también, determinó que las obras de captación no están autorizadas por dicho servicio, para luego enviar las denuncias con el objeto de que se procediera a la aplicación de la multa que la ley establece; adicionalmente, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de un presunto delito de usurpación de aguas, que unificó todas las denuncias, dando inicio a la presente causa.
Solución
Pese a que tanto el municipio como la concesionaria han desestimado los reclamos y consideran que tienen un derecho histórico sobre el recurso, durante la tramitación de estas causas la Junta de Vigilancia del río Diguillín se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo, como la opción que el municipio compre derechos de aprovechamiento de aguas en la zona, sin embargo, las partes ni siquiera han conversado sobre el tema.
Por la parte querellante, destacan que pese a existir una orden del tribunal de poner fin a las captaciones, esta no se ha cumplido, razón por la cual también están evaluando otras acciones con el objetivo de que se concrete el dictamen, donde no descartan solicitar a la DGA que realice la diligencia con auxilio de la fuerza pública, proceso que no eximiría a los imputados de los delitos.
