El exalcalde de San Nicolás, Víctor Toro, rechazó haber “cometido delito alguno”, luego de ser formalizado por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, quien le imputó actos de exacción ilegal, en el ejercicio de sus funciones como jefe comunal.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, solicitó dinero, sin tener facultades legales para exigirlo, a beneficiarios de un proyecto social que estaba financiado en su totalidad por la Subdere.
En conversación con La Discusión, el exalcalde dijo: “yo no estoy involucrado en delito alguno, acá estamos frente a situaciones que eran propias del funcionamiento de la municipalidad, por lo que estoy tranquilo y en cuanto a lo legal, dejé todo en manos de los abogados de la Defensoría Penal Pública, así que por el momento prefiero no hacer más declaraciones”
Por otro lado, desde la Gobierno Regional (GORE), descartaron tomar medidas disciplinarias en su contra, pese a que actualmente ejerce como jefe de la División de Infraestructura y Transportes del GORE. No, al menos, hasta que se resuelva su caso en tribunales.
“Somos respetuosos de las instituciones, por lo tanto esperamos que la investigación de la Fiscalía siga su curso y antes que eso culmine, no proceden medidas administrativas”, explicaron desde la entidad, a través de un comunicado.
8 millones 500 mil pesos
Respecto a los delitos por los que se investiga a Víctor Toro, el fiscal Pérez explicó que entre los años 2018 y 2019 pidió a cerca de 170 vecinos del sector Los Aromos Sur, quienes fueron favorecidos por la extensión del sistema de agua potable rural, el pago de 50 mil pesos cada uno, lo que se traduce a un total de $8 millones 500 mil pesos.
Estos montos fueron depositados en la Tesorería Municipal de San Nicolás, como supuesto aporte para concretar el proyecto.
“El imputado no tenía facultades legales para exigir lo anterior, señalando incluso a algunos vecinos que no serían beneficiados, en caso de negarse a aportar dichos dineros”, precisó el fiscal.
Acotó que usó como pretexto que esos dineros cubrirían diferentes instancias del proyecto, en específico, la construcción de un pozo profundo, la ejecución de los diseños de ingeniería y gestiones para lograr el financiamiento.
El persecutor añadió que estas últimas iniciativas ya habían sido ejecutadas en años anteriores y que para lo que restaba la Subdere transfirió $195 millones, con lo que se cubría por completo las obras.
El juzgado de Garantía de Chillán impuso al ex alcalde de San Nicolás la medida cautelar de prohibición de salir del país y decretó un plazo de 120 días para la investigación.
[/bg_collapse]
