Por el delito de interrumpir, sin autorización, completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública fue formalizado el alcalde de Quirihue, Richard Irribarra Ramírez, quien el pasado 31 de marzo ordenó instalar ocho vehículos municipales en el sector Vegas Verdes de la Ruta 126, uno de los accesos a la comuna.
El objetivo de dicha acción fue impedir el paso de una ambulancia y un vehículo particular que trasladaba seis ancianas que serían internadas en el hospital de Quirihue para cumplir una cuarentena preventiva por Covid-19, explicó la fiscal jefe (s) de Quirihue, Cecilia González Palacios. Esto no se pudo concretar, debiendo devolverse las pacientes a Chillán al hogar de anciano donde residían.
Por el mismo delito fue formalizado el concejal de esa comuna, Iter Stuardo Malverde, quien en el mismo sector y con igual finalidad interpuso su camioneta particular.
“Ambos también fueron formalizados por el delito de trato degradante, pues con sus acciones, además, atentaron en contra de la dignidad y la condición de vulnerabilidad de las seis adultas mayores víctimas de estos hechos”, precisó la fiscal Cecilia González.
Acotó que “aquí el bien protegido es la integridad moral y dignidad de las personas, lo que se vio vulnerado por el actuar de los imputados. Lo que ellos lograron es que las víctimas no tuvieran una atención médica necesaria y que debieran regresar en la noche a Chillán para ser distribuidas en otros centros asistenciales”.
Otro concejal, Luis Fuentes Alarcón; el encargado municipal de Movilización, Silvio Palma Torres; el encargado comunal de Emergencia, Abel Pérez Huichalaf; el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Juan Patricio Sepúlveda Espinoza; más el alcalde y el concejal Stuardo, además fueron formalizados por poner en riesgo la salud pública, pues el día de la manifestación participaron en ésta y estaban incumpliendo el horario de toque de queda impuesto por la autoridad para todo el país, producto de la pandemia.
La fiscal Cecilia González solicitó al Juzgado de Garantía de Quirihue la medida cautelar de prohibición de salir del país para todos los imputados, lo que fue acogido por el tribunal. Asimismo, para el alcalde Richard Irribarra y el concejal Iter Stuardo solicitó el arresto domiciliario nocturno, lo que no fue acogido por el magistrado Adolfo Montenegro, quien decretó además firma mensual en Carabineros para ellos.
El tribunal dio un plazo de 9 meses para la investigación.
Por su parte, el abogado Marcelo Villena, defensor de los seis imputados, expresó que “conforme con la actual audiencia, la fiscalía y el querellante estaban pidiendo medidas cautelares, a nuestro juicio, desproporcionadas. Se estaba pidiendo arresto domiciliario para dos de mis representados,que afortunadamente el tribunal compartiendo los argumentos de la defensa, no otorgó. Se aplicaron medidas cautelares como el arraigo y la firma para dos de ellos, y arraigo para los demás”.
