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Señor Director:
El espectáculo que ha dado el señor Daniel Jadue al comparecer ante el tribunal que lo formalizó por diferentes ilícitos, es una muestra muy penosa de la profunda degradación por la que atraviesa la vida pública en nuestra querida patria. Hemos presenciado una aparatosa puesta en escena digna de mejores causas, intentando contaminar una actuación de carácter judicial con un mitin político militante, seguramente con la inconfesada intención de influir o condicionar la ulterior decisión jurisdiccional. La pretensión de inventar un dilema nacional a partir de un asunto en que está involucrado él personalmente, desnuda una egolatría que podría tener inquietante parentesco con el culto a la personalidad, y en definitiva pone al descubierto una forma desordenada o distorsionada, cuando no abiertamente corrupta, de asumir el desempeño de la función pública.
Es preciso entender que los cargos son esencialmente transitorios, las instituciones públicas nos pertenecen a todos, son de la ciudadanía, del pueblo en su conjunto, y de ninguna manera pueden ser administradas como si fuesen patrimonio privado de las autoridades que las dirigen. Las personas que acceden a posiciones de autoridad tienen que estar al servicio de la comunidad, de la gente, de las personas comunes y corrientes, y no abusar de la posición de privilegio de que gozan, para desplegar carreras personales que sólo interesan a ellas y sus pequeños círculos partidarios. Una ciudadanía madura debiera poner más énfasis en la gestión y solución de los problemas que nos afligen como sociedad, que en la persona que está a cargo de ella. Una verdadera autoridad debe poseer una cualificación moral incuestionable para conducir a otros; si carece de ese atributo, es sólo un caudillo corriente anclado en el feudalismo.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado