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En los últimos cinco años, en la macrozona forestal han cerrado cerca de 200 pequeños aserraderos, además de cuatro plantas industriales y 20 empresas contratistas. En Ñuble, donde el sector genera más de 8 mil empleos directos e indirectos, se repite el escenario de cierres, reducción de turnos y despidos.
La crisis del sector, que se comenzó a gestar en la década pasada, al expirar el DL 701 de fomento forestal, se vio agravada por los incendios forestales de los últimos años, cada vez más destructivos. Así, la eliminación de incentivos se ha traducido en una drástica reducción de la forestación y la reforestación, y, por otro lado, los siniestros han significado una importante pérdida de patrimonio forestal de grandes, medianos y pequeños propietarios. Como consecuencia de ello, la escasez de materia prima está golpeando particularmente a las pymes madereras de la zona, precisamente las que generan más puestos de trabajo, y el panorama para los próximos años no se ve mejor.
La Corma estima que, en una década, las plantaciones forestales en el país se han reducido en un 14% (320 mil hectáreas), cifra que se concentra en las pymes. En ese contexto, revela que en los últimos diez años la reforestación ha caído un 27% y la forestación, un 99%.
Además, solo en a temporada 2022-23 de incendios, el fuego arrasó con 222.987 hectáreas de plantaciones en el país, de las cuales 34.808 hectáreas corresponden a Ñuble.
En ese contexto, los gremios forestales han vuelto a poner en el debate la necesidad de implementar incentivos, no solo para recuperar la superficie de plantaciones quemadas, sino que también para seguir avanzando en la forestación en suelos degradados, pues se estima que hay cerca de un millón de hectáreas con aptitud forestal que no se están utilizando.
Si bien el clamor del sector ha sido escuchado por el gobierno, pues este mes comenzarán los diálogos para arribar a una nueva política de fomento, no son pocos los escépticos que temen una ideologización del debate, lo que no está muy alejado de la realidad, considerando que, en la década pasada, una iniciativa legislativa que apuntaba a extender el DL 701, focalizado en pequeños y medianos propietarios, terminó naufragando por el rechazo de algunos sectores políticos.
Lamentablemente, la actividad que más contribuye a la captura de carbono en la atmósfera, con un importante aporte en términos de servicios ecosistémicos, ha sido “demonizado” por actores sociales y políticos argumentando impactos negativos de los monocultivos en la biodiversidad e, incluso, una supuesta responsabilidad en los incendios. Además, se critica la alta concentración de la industria, que en los 40 años de vigencia del DL 701 creció de manera exponencial, sin una “justa” retribución para los territorios en los que se emplaza, por ejemplo, en términos de empleos o de generación de valor compartido.
En esa línea, desde el oficialismo se plantea un modelo que busca terminar con los monocultivos, con una fórmula 70-30, vale decir, con un máximo de 70% de una misma especie; así como también impulsar la agroforestería, con un aprovechamiento mixto del suelo.
Es de esperar que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, logre avanzar con celeridad en la confección de un nuevo instrumento de fomento, que pondere las opiniones de expertos y de los actores del sector, pero dejando de lado el sesgo ideológico y abordando la materia con realismo y una perspectiva de sustentabilidad ambiental y social.
