La fiscalización o control es una función que se realiza normalmente por distintas entidades. Esta se atribuye a la Cámara de Diputados por expreso mandato constitucional, a la Contraloría General de la República como un control interno, a los medios de comunicación dentro de su misión de información e, idealmente, a la ciudadanía como parte activa de la sociedad.
Lo anterior se sustenta más que nada por el hecho de que quienes están ejerciendo funciones estatales las realizan con dineros de todos los ciudadanos y ciudadanas y entonces se entiende que, en definitiva, los dueños de dichos fondos quieran saber cómo se está administrando y gastando su dinero.
A esta inspección de la gestión y gastos fiscales le surge como contrapartida la propia fiscalización que a su vez realiza el Estado de las acciones y finanzas personales y de las empresas, tanto para el cumplimiento de las leyes y normativas, como por las responsabilidades que en definitiva le caben al ente público en la protección de todos y en la búsqueda del bien común.
Estos principios han ido estableciendo un entramado de inspecciones, permisos, superintendencias y obligaciones de entrega de información, desde los ciudadanos hacia el Estado.
Las razones principales que lo justifican son dos. Por una parte, desconfianza de quienes están en la administración pública, respecto del comportamiento en cuanto al objetivo del logro del bien común y el cumplimiento de las leyes, y en segundo término por la propia conducta de los fiscalizados que por negligencia, dolo o ignorancia, no se comportan de manera socialmente responsable, respetando las normas.
En teoría, si cada persona actuara virtuosa y éticamente, el Estado no tendría qué fiscalizar, pero la realidad obliga a contar con entidades públicas cuya única función es controlar que las personas y entidades privadas e incluso empresas públicas, actúen correctamente. Ello supone tener funcionarios y entidades que se dediquen a esta labor y destinar recursos públicos para que opere la fiscalización.
Para que ésta sea efectiva, hay que capacitar al capital humano, tanto técnica como éticamente, ya que esos fiscalizadores también pueden actuar de manera incorrecta. Por otra parte, hoy en Chillán la Inspección del Trabajo, el SAG, la seremi de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Contraloría e Inspección Municipal, entre otros, se hacen insuficientes para cumplir su cometido.
Este persistente incremento de la necesidad fiscalización que realiza el sector público tiene diversos caminos de solución que no son contrapuestos. Por una parte, es necesario aumentar la dotación, lo que está ocurriendo en distintas unidades de gobierno y de los municipios. Chillán, de hecho, es un ejemplo, pues este año sumó 50 funcionarios más a esta tarea.
Sin embargo, no hay que olvidar que lo más importante -y que no depende del sector público, sino que es compromiso de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas- es cumplir las normas sancionadas por nuestro ordenamiento institucional y respetar los derechos de los demás.
