La reciente suspensión del funcionamiento del sistema de Agua Potable Rural (APR) La Veguilla, en el sector de Los Lleuques, comuna de Pinto, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchas veces pasa inadvertida hasta que emerge en forma de crisis: la importancia de la fiscalización sanitaria oportuna. En este caso, una inspección realizada por la autoridad sanitaria confirmó la presencia de niveles de arsénico por sobre lo permitido por la normativa, lo que obligó a prohibir el funcionamiento de la captación para resguardar la salud de la población.
La decisión, aunque compleja por sus consecuencias inmediatas, es correcta. Cuando se trata de la calidad del agua destinada al consumo humano, la prioridad debe ser siempre la protección de la salud pública. El arsénico es un contaminante de alta peligrosidad cuya exposición prolongada puede generar graves efectos en el organismo, por lo que ignorar o relativizar un hallazgo de este tipo sería una irresponsabilidad.
Por ello, la fiscalización cumple un rol esencial: prevenir daños mayores antes de que estos se produzcan. El sistema sanitario está diseñado precisamente para detectar a tiempo estos problemas y actuar con firmeza cuando las condiciones de seguridad no están garantizadas. En ese sentido, el cierre del APR, aunque incómodo y difícil para la comunidad, es una señal de que los mecanismos de control están operando.
El episodio también deja lecciones que deben ser abordadas con urgencia. Los antecedentes indican que la concentración de arsénico no pudo ser abatida por los filtros existentes debido, entre otros factores, a la falta de mantención del material filtrante, que debiera renovarse cada dos años y que en este caso llevaba cerca de cinco sin recambio. Este tipo de situaciones revela la necesidad de reforzar no solo la supervisión, sino también la gestión y el mantenimiento preventivo de los sistemas de agua potable rural, que son fundamentales para miles de familias en zonas apartadas.
Tan importante como la fiscalización es la capacidad de respuesta ante la emergencia. La suspensión del servicio ha dejado a personas sin acceso directo a agua potable, una situación particularmente delicada en una localidad con un alto número de adultos mayores. Frente a ello, resulta indispensable que las instituciones actúen con rapidez para garantizar el abastecimiento mediante soluciones provisorias, como camiones aljibe, estanques de almacenamiento y puntos de distribución.
En este caso, la coordinación entre el municipio, la comunidad organizada y los organismos públicos ha permitido desplegar medidas de contingencia mientras se avanza en una solución definitiva. La decisión de adelantar el proceso de licitación para el recambio del material filtrante de la planta constituye una señal positiva, en la medida en que acorta los plazos originalmente previstos y permite proyectar una normalización del sistema en las próximas semanas.
La experiencia de Los Lleuques deja una enseñanza clara. La fiscalización sanitaria no debe ser vista como una amenaza ni como un obstáculo burocrático, sino como una herramienta fundamental para proteger la salud de las personas. Al mismo tiempo, evidencia que la prevención, la mantención oportuna y la respuesta rápida de las instituciones son pilares indispensables para garantizar algo tan básico como el acceso seguro al agua potable.
Porque cuando se trata de salud pública, anticiparse siempre será mejor que lamentar. Y en un derecho esencial como el agua, la responsabilidad debe ser permanente y compartida.
