La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, presentó la solicitud de desafuero contra el diputado de la UDI, Joaquín Lavín ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con ésto el Ministerio Público busca quitarle su inmunidad parlamentaria con miras a su formalización en una indagatoria por eventual fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
En paralelo, la Fiscalía Regional de Aysén solicitó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), en el marco de una investigación por el delito de fraude al fisco. La petición fue presentada por el Fiscal Regional (s), Luis Contreras, y será resulta por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
El pasado miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique una querella criminal en contra del diputado.
En el caso de Joaquín Lavín León, la petición fue presentada por la fiscal Lorena Parra. El Ministerio Público busca quitarle su inmunidad parlamentaria para formalizarlo en una investigación que abarca fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias. Esta arista, que incluye el posible uso de facturas ideológicamente falsas rendidas como asesorías externas al Congreso durante el período en que su esposa, Cathy Barriga, fue alcaldesa de Maipú (2016-2021), se inició tras la investigación contra la exalcaldesa. Las diligencias han contado con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional. Un allanamiento a la oficina parlamentaria de Lavín en Valparaíso en octubre del año pasado ya había adelantado esta indagatoria reservada.
Por su parte, la Fiscalía Regional de Aysén, a cargo del fiscal regional Luis Contreras Alfaro, solicitó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco. Esta causa también involucra a otras personas y cuenta con una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el parlamentario y quienes resulten responsables. La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique determinará si existen los méritos suficientes para el desafuero, requisito legal para una eventual formalización y solicitud de medidas cautelares. Las diligencias investigativas en este caso también han sido realizadas con el apoyo de la Bridec y la UNAC.
