La compra de un terreno de casi 9 mil metros cuadrados, en el sector del fundo Llahuimávida, comuna de San Carlos, por parte del municipio, vuelve a convertirse en una pesadilla para el recientemente destituido alcalde, Hugo Gebríe.
Esto porque si ya en 2015, esta compra motivó una querella en la Fiscalía en su contra, por parte de dos funcionarios municipales y una concejal, por presunto fraude al fisco (lo que no había derivado en persecuciones penales formalizadas) hoy, para el Consejo de Defensa del Estado (CDE), “creemos que con lo ha avanzado la investigación, estamos delante del delito de negociaciones incompatibles por uso de información privilegiada, para beneficiarse personalmente”, estableció la abogada Mariella Dentone, procuradora regional del CDE.
Es por esta razón que se solicitó al Ministerio Público que se realizaran ciertas diligencias puntuales, como la gestión para el levantamiento del secreto bancario en las cuentas de Gebríe y la interceptación del flujo de llamadas de algunos de sus teléfonos y el de otras personas, cuya eventual participación en estos actos también se están indagando, como es el caso del ingeniero Patricio Moya, exfuncionario municipal de San Carlos y luego, funcionario de la Intendencia de Ñuble, hasta el día jueves, cuando presentó su renuncia.
El origen de la causa nace en la presentación que hizo uno de los propietarios de los terrenos del sector Llahuimávida (de la familia Schmidt) en un consejo municipal para tratar de convencer a los ediles de adquirir el predio, para construir ahí un camino que uniera las localidades de Monteblanco con San Camilo, proyecto que se esperaba hace décadas en la comuna.
Y pese a que el plano regulador original establecía otro lugar para hacer el camino, el concejo aprobó su compra. Y ahí se hizo el camino.
“El problema fue que nosotros nos enteramos después que el señor Gebríe había negociado antes con el señor Schmidt para que una vez que el concejo aprobara la compra, este le vendiera los loteos adyacentes, que obviamente subirían su plusvalía. Y así fue”, acusa la concejal Lucrecia Flores, una de las tres mandantes de la querella.
Los otros dos son los funcionarios Gastón Suazo, jefe de la Dirección de Obras; y Martín Cid, arquitecto de la municipalidad.
Sin embargo, conforme a los antecedentes que investiga el CDE, la compra no fue directa.
La entidad detalló que quien habría comprado los predios a la familia Schmidt fue Patricio Moya, al menos en lo nominal. Y luego, este le vende los loteos a Nayaret Domínguez, actual pareja del alcalde y jefa del Obelisco de Educación Municipal, en la municipalidad sancarlina.
Otro de estos lotes se le vendieron a María José Rodríguez, hija de Nayaret Domínguez, tal como lo acredita un informe que efectuó la Contraloría General, luego de una investigación ordenada a raíz de los mismos hechos, también en 2015, por un grupo de concejales.
Desde el Ministerio Público de San Carlos, su fiscal jefe, Rolando Canahuate, explicó que “la querella presentada en contra del señor alcalde es por una serie de delitos como negociación incompatible, fraude al fisco; y luego, en 2017 se querella por los mismos hechos y otros similares, el Consejo de Defensa del Estado”.
Canahuate añadió que ya se decretaron las diligencias encargadas recientemente por el CDE, por lo que “estamos a la espera de la recepción de estas para poder tomar una decisión. Creemos que eso puede ser en el transcurso de este año”.
Finalmente, consultado el intendente de Ñuble, Martín Arrau, si la salida de Moya de la Intendencia se debía a esta investigación que realiza la Fiscalía de San Carlos, la autoridad regional aseveró que “él presentó su renuncia, argumentando problemas personales y se la acepté. Yo solo puedo llegar hasta ahí en cuando a indagar en las razones”.
Por una “cagá de plata”
Hugo Gebríe se muestra impertérrito ante estas diligencias fiscales y asegura estar tranquilo, porque “yo no he hecho nada ilegal”.
Según el destituido alcalde, la Policía de Investigaciones ha estado investigando este caso desde el año 2014, cuando se hizo una denuncia a contraloría, y luego cuando en 2015, se presentó una querella al Ministerio Público.
“Y han interrogado a funcionarios, han revisado todo una y otra vez. Y no han encontrado nada.¿Sabe por qué? Porque no hay nada malo. Entonces, me imagino que de nuevo vendrá la PDI, otra vez van a interrogar a los funcionarios y de nuevo se darán cuenta que no hay nada ilegal en todo esto”, plantea.
Su versión de la compra del terreno a la familia Schmidt, difiere en algo fundamental respecto a la versión de los querellantes.
“Eso de que yo había firmado una promesa de venta con Schmidt antes de que se aprobara la compra del predio por parte del concejo, es mentira. Tampoco es cierto, que Patricio Moya había hecho de testaferro, esas son las habladurías de estos fanáticos políticos que no hallan qué hacer para quedarse con la alcaldía. En 2009 me acusaron de 45 cosas, y todas resultaron falsas”, comenta.
Para generar contundencia dice que “en 2014, antes de que comprara estos terrenos, yo había vendido varias de mis propiedades, incluso a Copelec, porque ya no quiero seguir en el tema inmobiliario. Estoy demasiado cansado para continuar teniendo negocios. Y lo que me pagaron suma más de 900 millones de pesos. El terreno de Schmidt costaba 30 millones y yo no me iba a estar metiendo en leseras por una cagá de plata”.
La documentación de Contraloría muestra, en efecto, que lo que gastó el municipio en esos terrenos fueron $30 millones.
Sin embargo, se destaca que el predio por el que originalmente se había decidido hacer el camino tenía un costo de $12 millones.
Además, el camino actual, tiene cerca de 540 metros más que el proyecto inicial, por lo que en las conclusiones del contralor fue que se escogió “una de las peores soluciones” para unir a ambas localidades.
Autocrítica del concejo
Otro de los factores anómalos que se destaca en el informe contralor fue que la tasación del terreno de los Schmidt no fue sometida ni a tasación ni se mandó a revisar su avalúo fiscal.
Sencillamente, se dio crédito al valor propuesto por el oferente.
“Lamentablemente eso es cierto. Tal vez pecamos en dejarnos llevar por la presión y el apuro que había respecto al proyecto y en ese sentido claro que nos hemos hecho una fuerte autocrítica como concejo municipal, porque no cumplimos con nuestro rol fiscalizador con la rigurosidad necesaria”, advierte Lucrecia Flores.
Y añade que “lo que pasa es que una jamás piensa que el alcalde te va a ir a tratar de convencer para que apruebes un proyecto para terminar enriqueciendo su patrimonio o el de su familia. Se supone que los funcionarios públicos deben ser probas y actuar con rectitud, no de esa manera que lo hizo el alcalde Gebríe”.
“Curiosa coincidencia”
Hugo Gebríe dice, como colorario, que hay una persecución política evidente con todo esto. “Una caza de brujas”, para ser fiel con sus dichos. Y se refiere al complejo mes de mayo que ha tenido su partido, Renovación Nacional en Ñuble.
Con Ricardo Vallejos preso preventivo como imputado en el caso led y el siguiente nombramiento de su hermano como subrogante del juez de Policía Local de Pemuco (Marcelo Campos), también está en prisión preventiva por la misma causa, cuyo alcalde, Johnson Guíñez es RN,hay que sumar la renuncia por motivos de salud del alcalde de Quillón, Humberto Ghyra (RN) y su destitución en San Carlos.
“Y ahora, tras cinco años de una investigación que no llegó a nada, me salen con esto de nuevo. Mire nada más, qué curiosa coincidencia”, ironizó.
