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Transcurrido, tal vez, más de la mitad del juicio por fraude al fisco en Chillán Viejo, la teoría de triangulaciones de dinero, y de falsificación de instrumento público pareciera ir cediendo terreno a lo que al comienzo, parecía la tesis más débil: la de la simulación de contrato entre el alcalde Felipe Aylwin y la profesora Lya González.
Si falsificar firmas en las órdenes de compras es un delito o no, pareciera haber perdido fuerza, en esta causa que tiene a diez acusados: al alcalde Felipe Aylwin, a otros ocho funcionarios municipales y una empresaria de transportes.
Por lo mismo, el fiscal Álvaro Serrano, a cargo de la investigación desde 2014, decidió dividir la acusación en cuatro grupos de imputados, siendo solo el hecho uno, el de simulación de contrato, el que tiene como acusados Aylwin y González, más el supuesto concurso del exadministrador, Ulises Aedo.
La principal teoría del Ministerio Público, la de las firmas falsas y la de la colusión, parecía generar más que dudas razonables, debido a que la totalidad de quienes han declarado, han dicho que todo ocurrió por un incontrolable desorden administrativo generado por el afán asistencialista del alcalde, quien veía amenazada su continuidad para las elecciones de 2012.
Pero, en esos mismos testimonios, lo que parecía más débil encontró pasajes y relatos que, inesperadamente, fortalecieron la idea de la contratación de funcionarios fantasmas.
Algunos acusados como la jefa de Finanzas, Paola Araya; el secretario municipal (s), Francisco Fuenzalida; la directora de Control, María Gabriela Garrido y exfuncionarios municipales y los testimonios de quienes eran empleados de la Contraloría General de la República, a cargo del sumario instruido por la denuncia de desfalco en el municipio, dijeron en forma unánime y sin otra lectura posible que a Lya González nunca la vieron en la municipalidad, salvo cuando debía retirar el cheque de remuneraciones.
El fiscal Serrano es el que más seguro pareciera estar al respecto.
“Primero, creo que el exfuncionario de Contraloría que hizo el sumario y que declaró en este juicio, fue sumamente claro. Dijo enfáticamente que esa señora no tenía escritorio, no tenía computador, no tenía nada en su agenda porque la tenía vacía, y a eso se suma lo que han dicho todos los otros testigos, entre ellos funcionarios municipales, quienes fueron enfáticos en señalar que nunca la vieron trabajar”, resume.
Sin embargo, para el persecutor, uno de los testimonios más resolutivos fue el del exfuncionario de Dideco y correligionario de Lya González (ambos socialistas), Fernando Gajardo, “quien relató en la audiencia que la señora Lya González era resistida en el municipio precisamente porque le daban un sueldo sin trabajar y que en el periodo en que debería haber prestado servicios al municipio, enviaba correos desde Santiago con una firma que la presentaba como territorial de Michelle Bachelet, para esta zona, es decir ella estaba en campaña política”, repasó.
El informe de la PDI
Pese a lo planteado por Serrano, los defensores de Aylwin, González y Aedo aseguran estar tranquilos.
“El fiscal está presentando sus testigos. Luego vienen los nuestros y hay muchas personas que sí la vieron trabajar y fueron testigos de lo que hicieron”, dice Ricardo Robles, quien representa a Ulises Aedo.
Entre las pruebas de descargo a las que hace alusión el abogado Robles, se cuenta un informe elaborado por el comisario de la PDI, Daniel Naranjo, quien tomó varias de las declaraciones que hoy son parte de la batería de pruebas para el juicio.
Según Robles y el abogado Julio Díaz de Arcaya, representante del alcalde, “este informe dice que sí se acreditó que la señora Lya González trabajó para la Municipalidad en el periodo que es parte de esta investigación”.
Sin embargo, para Serrano, “eso es una manera, a mi juicio, muy cuestionable, de entender el informe de la PDI, porque lo quedice el comisario Naranjo fue que hubo dos testigos que le dijeron haberla visto trabajar, y él incluye eso en su informe, pero no significa que eso sea una conclusión de su peritaje”.
En contraste al planteamiento del fiscal, el informe del comisario Naranjo, de profesión ingeniero civil, establece que hubo dos representantes de empresas prestadoras de servicios, Procorp y Plastic Omnium Chile S.A., quienes certificaron que fue Lya González quien realizó los contactos entre ellos y el municipio.
Y si por un lado, Serrano plantea que “no es tan fácil como conseguirse diez o cinco amigos que presten declaraciones a favor de una imputada para genera prueba convincente”, el abogado Rodrigo Vera Lama, quien también es interviniente en este juicio, responde que “Naranjo hizo un peritaje concluyente. Esas empresas que fueron vinculadas al municipio por Lya González, no son empresas de Chillán Viejo, por lo que podrían tener ningún interés en favorecer alguna campaña alcaldicia, por lo que no se trata de amigos declarando a favor”.
La próxima semana, probablemente, comience la prueba de descargo presentada por la defensa.
Defensa que ya ha anunciado el retiro de varios testigos por considerar que no hay mucho más que discutir sobre falsificaciones ni colusiones.
Tal vez el litigio se centre en adelante en el único punto en el que la Fiscalía podría conseguir una condena. Precisamente, contra el alcalde.
