El pasado 26 de septiembre, conforme a los plazos otorgados por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se dio por cerrada la investigación judicial de la causa por cohecho, soborno y fraude caratulada como “Caso Led”, que persigue hechos de corrupción en el marco de los procesos de licitaciones municipales para adjudicar las obras del recambio del alumbrado público por tecnología led, que favorecieron a la firma del empresario santiaguino, Marcelo Lefort, Itelecom S.A.
La norma dice, además, que a contar de esa fecha, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación, que es el informe en el que se especifican los cargos formulados a cada uno de los imputados de la causa y la solicitud de pena específica para cada caso, y que es el precedente a la audiencia de Preparación de Juicio Oral.
El Caso Led cuenta con dos aristas. La primera es la llamada “arista de Iquique”, que investiga vínculos irregulares entre Lefort y sus socios, con funcionarios de esa municipalidad, y es paralela a la segunda arista llamada “arista chillaneja”, de carácter nacional y que por orden de la Fiscalía Nacional, dejó en manos de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, las investigaciones correspondientes a los hechos ocurridos en igual contexto en las municipalidades de Chillán, Negrete y Coyhaique, además del Ministerio de Energía.
En todas ellas se repite la figura de Marcelo León o algún funcionario de confianza en Itelecom, ofreciendo y entregando sobornos a los empleados municipales para intensionar que fuera su empresa la ganadora de las licitaciones que promediaban los $3.500 millones por comuna.
En Chillán, los imputados por cohecho son el exadministrador municipal, Ricardo Vallejos; el exasesor judicial del municipio, Marcelo Campos; y el exconcejal por la comuna, Víctor Sepúlveda. Todos ellos, actualmente, con la medida cautelar de arresto domiciliario, luego de haber también cumplido con la de prisión preventiva.
Pese a que en relación a los dos primeros, la Fiscalía ofreció en el mes de agosto la posibilidad de terminar la causa (junto a otros imputados de otras comunas) mediante un juicio abreviado, finalmente, el ente persecutor desechó esta posibilidad.
Consultados por los motivos, solo explicaron que “las posibilidades de arribar a un procedimiento abreviado están contempladas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y se evalúan en su mérito de acuerdo al desarrollo del proceso penal y en las diversas instancias en que esto se permite. En este caso, la investigación se encuentra cerrada desde el 26 de septiembre y la posibilidad de explorar procedimientos abreviados se evaluará tras la acusación que debe presentarse en próximos días”.
Para el abogado Giovanni Gotelli, defensor de Campos, “la verdad me tomó un poco por sorpresa el que hayan retirado la propuesta. A nosotros nos habían llamado para ofrecernos un juicio abreviado y yo quedé de responderles una vez que lo conversara con mi representado. La verdad, tal vez puede que solicitemos esta salida una vez presentada la acusación”.
Juicio oral en 2024
Luego que el 6 de mayo de 2020 la PDI allanara los domicilios de los imputados Vallejos y Campos, además de sus computadores en las dependencias municipales, fueron formalizados junto a Marcelo Lefort en el Juzgado de Garantía de San Carlos, el 9 de mayo siguiente.
En adelante, el plazo para el cierre de la investigación judicial fue aplazado a lo menos cuatro veces por la Fiscalía (debido a las nuevas formalizaciones que tuvo el proceso), y posteriormente, por solicitudes de las defensas.
Y en todo ese plazo, ya hubo una acusación fiscal, presentada en mayo de 2022, destacando la solicitud de una pena de 28 años de cárcel para Marcelo Lefort y otras penas de crimen para la mayoría de los 14 imputados de la “arista chillaneja”. Sin embargo, nuevos antecedentes y diversas diligencias incumplidas que habían sido requeridas por las defensas, dejaron sin efecto esa acusación.
“La verdad no creo que haya muchos cambios entre la acusación anterior y la que pueda ser presentada por la Fiscalía en estos momentos. Al menos, nosotros con mi representado estamos tranquilos, aunque obviamente, ir a juicio oral es más largo e incómodo que un abreviado”, insistió Gotelli.
En tanto, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Ricardo Vallejos, agregó que considerando la cantidad de documentación, imputados y la cantidad de tomos de la investigación, “un juicio oral de esta envergadura, si es que no se realizan algunos abreviados, no debiera estarse realizando sino hasta fechas de mediados del año próximo”.
De todas formas, si de aquí al 6 de octubre ni los querellantes ni el Consejo de Defensa del Estado o alguna de las defensas, oficia al tribunal para que se otorgue un mayor plazo, esto deberá ser notificado a la brevedad a los intervinientes.
