Por decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, la investigación de la causa por presuntos hechos de corrupción, llamada “Cuentas Corrientes”, que comenzó a gestionarse en la Región de Ñuble y se formalizó en el Juzgado de Garantía de Bulnes, a fines de abril de este año, seguirá en manos de la fiscal regional del Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
Conforme a antecedentes recogidos por La Discusión, lo anterior obedece a dos razones basales. En primer lugar, porque las investigaciones que arrancaron en manos de la fiscal Nadia Espinoza en Chillán se ramificaron hacia municipalidades de otras regiones del país, lo que la transformaría en una investigación de carácter nacional, lo que forzozamente debe ser manejada por una fiscalía regional.
Y en segundo término, considerando que la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, ya cuenta con otras investigaciones nacionales como el “Caso Led” o las investigaciones respecto a bandas organizadas dedicadas al robo de conectores y cables de cobre, se habría determinado que la causa siguiera su curso en manos de la titular de la Región de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt.
De todas maneras, la fiscal seguirá siendo parte de la comisión investigadora de esta causa, la que además deberá sumar un o una fiscal de apoyo perteneciente al Ministerio Público de Los Lagos.
Desde esa repartición, tras ser contactados por La Discusión, se excusaron de entregar mayores antecedentes de la causa, argumentando que estaban aún en proceso de estudio de los antecedentes y porque “se ordenaron nuevas diligencias e investigaciones”.
Pese a que hasta el momento no habría razones legales para cambiar de sede judicial el resto del proceso (el Juzgado de Garantía de Bulnes), tal posibilidad tampoco puede ser descartada, si es que se encuentra en el proceso algún arreglo irregular entre representantes de algún municipio y el empresario Rodrigo Carmona, actualmente en prisión preventiva. Podría discutirse -por principio de ejecución- un cambio de tribunal, tal como ocurrió con el “caso Led” que comenzó en el Juzgado de Garantía de San Carlos, para cambiar primero a Chillán y, finalmente, en Santiago.
El caso “Cuentas Corrientes” persigue delitos de cohecho, soborno y violación de secreto en el marco de licitaciones para asesorías financieras por parte de algunas municipalidades del país.
La tesis fiscal es que el ingeniero Rodrigo Carmona presuntamente sobornaba a los alcaldes y a otros funcionarios municipales para que intencionaran bases de licitación que aseguraran la adjudicación a su empresa “Gestión Global”, la que a su vez -mediante la violación de secreto- pudiese haber manipulado las bases para crear cuentas corrientes municipales para favorecer a algunos bancos.
Buscarán excarcelar a Carmona
Actualmente, hay ocho personas imputadas, de las que cuatro están en prisión preventiva: Rodrigo Carmona, su asistente y exconcejal de Chillán, Rodrigo Sandoval; el alcalde de San Ignacio, César Figueroa; y el director de Salud de San Ignacio, Krysler Monroy.
En tanto, el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino; el jefe del DAEM de es consistorio, Carlos Fernández; y el jefe de gabinete de San Ignacio, Edgardo Suazo, permanecen con la cautelar de arraigo nacional.
Finalmente, al director de Finanzas de San Ignacio se le impuso la cautelar de arraigo nacional.
El defensor de Rodrigo Carmona, abogado Giovanni Gotelli, dijo que “tras revisar la carpeta mantengo la convicción que acá no hay un delito de violación de secreto. La Fiscalía lo imputa por una conversación que sostuvo con una ejecutiva bancaria, pero que se realizó en momentos en que ya era imposible modificar las propuestas de los bancos, por lo tanto no hubo intención de manipular las licitaciones”.
Es por esta razón que el defensor adelantó que “ya estamos trabajando para solicitar al tribunal una modificación de las cautelares y conseguir que se le decrete otra que no sea la de prisión preventiva”.
Respecto al cambio de fiscalía que tuvo la investigación, Gotelli advierte que “si es solo eso, un cambio del titular a cargo de la investigación, la verdad es que para las defensas debería ser algo irrelevante, sin embargo, si cambian luego de tribunal -como pasó con el caso Led- y la causa queda en otra ciudad, evidentemente que sería mucho más incómodo para nosotros”
