Mientras el haber prestado declaración y entregar datos nuevos fue lo que sacó de la cárcel o hizo que la evitaran 10 de los 14 imputados por el caso led, hubo una en particular, que no solo fue desmerecida como aporte por parte de la Fiscalía, sino que pareció dar con un dato que podría atentar contra las pretensiones de altas condenas que espera el persecutor.
Y su depositario fue el dueño de Itelecom, la empresa investigada por soborno, Marcelo Lefort. El empresario, quien admitió haber sobornado a Marcelo Campos (asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán), aparte de entregar detalles de esas negociaciones ilegales, aseguró que tales tratativas se remontan al primer trimestre del 2018. Y eso es clave.
De ser comprobable, los tribunales deberían pronunciarse sobre una serie de delitos cometidos antes que se modificara la Ley Anticorrupción (noviembre de 2018), por lo que ni las más altas penas que para entonces se le asignaban a ese tipo de injustos, llegaban a ser privativas de libertad.
Así, no solo las condenas serían remitidas, sino que tampoco se justificaría que haya cuatro de los 14 imputados en prisión preventiva.
Por primera vez, desde junio del 2020, la fiscal regional, Nayalet Mansilla, se refirió al caso led en público, en conversación con La Discusión, y dijo que el probar que los actos de soborno (particulares) y cohecho (funcionarios públicos), se cometieron antes o después del 30 de noviembre de 2018 será “la” discusión que se desarrollará este año en el juicio oral.
“Eso depende de la interpretación del tipo penal. Ahora, nosotros, como Fiscalía hemos llegado a la convicción de que el delito es posterior al año 2018. Y quiero dejar en claro que no es una versión acomodaticia del Ministerio Público para tratar de perjudicarlos, no es eso”, dice la fiscal regional.
Revisando las declaraciones de Lefort, se desprende que él y Campos se conocieron en un asado en las Termas de Chillán, a principios del 2018 y a partir de ahí, comenzaron a revisar la posibilidad de que el entonces funcionario municipal “los asesorara” en el proceso de licitación.
A juicio de defensores como Giovanni Gotelli (por Campos), y los de Lefort, es en ese momento en que se configura el delito.
Para el Ministerio Público, en cambio, el soborno y el cohecho requiere algo más de una mera conversación de acercamiento, sino de un ofrecimiento en concreto.
“El tema es quién va a poder probar y quién va a poder convencer al tribunal que efectivamente el delito ocurrió con posterioridad, y que las penas que nosotros estamos calculando que se pueden aplicar, son las correctas”, planteó.
La libertad de Vallejos
Lefort, sin embargo, dice que no conoce ni se comunicó jamás con Ricardo Vallejos. Al exadministrador municipal, preso preventivo desde mayo de 2020, se le asocia a este ilícito a raíz de conversaciones telefónicas que sostuvo con Campos, la última cuando el asesor jurídico volvía de Santiago con el primer pago del soborno de Lefort. Conversaciones que, según la Fiscalía, estaban en clave.
Como no hay prueba directa en su contra, su defensa pidió en cuatro oportunidades su excarcelación, y en las cuatro se la negaron.
Pese a esto, pareciera que la Fiscalía tuvo algún grado de dudas respecto a que los tribunales seguirían confirmando la cautelar en contra de Vallejos.
Prueba de ello es que mientras aún hay un recurso por dirimirse en el Tribunal Constitucional (TC), en la causa paralela que tiene vigente el exadministrador municipal, relacionada con negociación incompatibles (caso aljibe), la Fiscalía pidió una audiencia para pedir la prisión preventiva en esa causa. Aunque finalmente se desistieron.
“Cuando formalizamos en esa causa, pedimos esa cautelar por adelantado, pero no se acogió, porque ya estaba en prisión por la causa led. Pero en la última revisión decidimos pedirla por si hubiera algún cambio, porque eso también es una posibilidad. Lo que hay que entender es que no pedimos la prisión preventiva por pedirla. Tenemos una justificación legal para hacerlo”, concluyó Nayalet Mansilla.
