El Ministerio Público inició una nueva investigación penal relacionada con la gestión posterior al megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, tragedia que dejó 138 víctimas fatales. La decisión se adoptó luego de los informes finales emitidos por la Contraloría General de la República, los que detectaron eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia.
El fiscal anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, informó que los antecedentes apuntan a actuaciones de la Dirección Regional de Arquitectura, donde se habrían registrado pagos por demoliciones que no se realizaron, deficiencias en los procesos de contratación, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental respecto de trabajos ejecutados.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, los montos observados superarían los 1.100 millones de pesos, asociados a intervenciones en cerca de un centenar de viviendas afectadas por el siniestro. Debido a la gravedad de los hechos y a la eventual existencia de delitos, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de diligencias investigativas.
Paralelamente, la Contraloría ordenó la instrucción de sumarios administrativos para establecer responsabilidades funcionarias. Los informes también detectaron observaciones en los municipios de Viña del Mar y Quilpué, además de la Delegación Presidencial Regional.
En este último organismo se objetaron más de 526 millones de pesos por concepto de arriendo de maquinaria y cerca de 62 millones por pagos vinculados a personal de conducción duplicado, disponiéndose la restitución de los recursos cuestionados.
Frente a estos antecedentes, la exdelegada presidencial Sofía González, quien ejercía el cargo durante la emergencia, señaló mediante una declaración pública que durante su gestión se instruyeron investigaciones internas cada vez que se detectaron posibles errores administrativos. Indicó además que, al momento de presentar su renuncia en noviembre de 2024, ya existían sumarios en curso.
Con esta indagatoria, suman tres las causas abiertas por el Ministerio Público en torno a la tragedia, en un proceso que busca esclarecer eventuales responsabilidades administrativas y penales en la administración de los recursos tras los incendios.
