Durante la mañana del 26 de agosto pasado, la Fiscalía Local de Chillán interpuso en la Corte de Apelaciones, una solicitud de desafuero en contra del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, para poder formalizarlo por una causa en la que se investigan presuntos hechos de cohecho.
Puntualmente, lo que se investiga es una asignación de subsidios a su padre, una hermana y una tía, en 2021, cuando ocupaba el cargo de delegado provincial del Serviu; y sus vínculos con la empresa constructora Pullay, a la que también se le investiga por irregularidades en la construcción de algunas viviendas en a lo menos cinco comunas de Ñuble.
Desde la Corte de Apelaciones, Gabriel Hernández, explicó que, respecto a la formación de causa se le dio tramitación por parte del pleno, “y se le dio traslado, vale decir, se le pidió un informe al Gobernador, lo que fue requerido con fecha 29 de agosto, teniendo un plazo de 10 días para evacuarlo. Luego, el Tribunal, con ese informe se reunirá en una audiencia especial para analizar la solicitud de desafuero”.
Tal audiencia será pública, con los alegatos del Ministerio Público y la Defensa, luego de las que la Corte de Apelaciones debe resolver.
Consultado al respecto, el gobernador Crisóstomo, destacó que “voy a responder el informe solicitado por la Corte de Apelaciones en los tiempos que se establecen en la notificación, con los antecedentes que permitan sustentar mi posición”.
Por otro lado, analizó que “la historia se repite, y me parece a lo menos particular, que a menos de dos meses de un nuevo proceso elctoral, existan diligencias de una causa que sólo tuvo movimiento cuando me presenté por primera vez al cargo de gobernador y que, curiosamente, hoy se repiten”, deslizando de esta manera una interpretación de intencionalidad política en la acción del fiscal.
De manera escueta, desde la unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional, sólo manifestaron que la investigación tiene “carácter de reservada, por lo que no se entregará mayor información al respecto”.
No antes de las votaciones
El que la Fiscalía pidiera el desafuero de la autoridad regional, apunta a la necesidad de formalizarlo y -además- pedir alguna medida cautelar que, en mayor o menor grado, restrinja la libertad de movimiento de Crisóstomo (desde una de arraigo nacional a la de prisión preventiva).
Pese a que la contestación del gobernador debería presentarse en el transcurso de esta semana a la Corte de Apelaciones, recién ahí es que -de encontrarse los méritos suficientes- la causa entraría en tabla para una resolución por parte del principal tribunal regional.
Sin embargo, ya sea que se resuelva de manera favorable o contraria a las expectativas de la fiscalía chillaneja, es muy probable que la causa continúe en la Corte Suprema, por lo que -atendiendo los plazos que suele tomarse el máximo tribunal del país- es virtualmente imposible que se dé a conocer un fallo antes de las elecciones del 26 y 27 de octubre, en las que Óscar Crisóstomo participa como candidato de la centro-izquierda regional
