El fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que entregar una cifra total de “presos del estallido social” es “imposible de realizar”, ya que se debe analizar caso a caso para evitar caer en equivocaciones.
Según dio a conocer radio Cooperativa, en medio de la sesión de este martes de la Comisión de Constitución del Senado, donde se trata el proyecto de indulto a presos del estallido, Abbott pidió que “los parlamentarios que han promovido este proyecto de ley, que puedan indicar qué personas se encuentran en esta condición para nosotros poder determinar el número y la condición procesal en que se encuentran, porque se nos pide un ejercicio que es imposible de realizar”.
“Reitero, hemos hecho un esfuerzo bien importante al interior de la institución y siempre nos encontramos con números que no cuadran porque en verdad no sabemos qué entendemos por el concepto de estallido social, manifestación social”, puntualizó.
Abbott precisó que “si esto se comete con ocasión de un estallido social, un robo en un lugar cercano de una manifestación, ¿eso corresponde incorporarlo? Esto es un hecho que tendrá que determinarse en cada caso concreto”.
Defensoría Penal Pública
Por su parte, la Defensoría Penal Pública presentó sus cifras, las que no alcanzan para aclarar dudas, ya que no todos los detenidos son representados por la institución, como explicaron.
De acuerdo a esta entidad, hay 39.904 causas entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, fecha en que fue presentado el proyecto, correspondiente a delitos como daños simples, desórdenes públicos y maltrato de obra y amenazas a Carabineros.
Actualmente hay 1.091 causas abiertas y 38.813 cerradas, de las cuales 4.075 tienen decreto de prisión preventiva.
El defensor nacional (s), Marco Montero, dijo que “en cuanto a un elemento más bien de tipo subjetivo, que tiene que ver con la relación directa entre el hecho que se está investigando o imputando y motivación vinculada al estallido social, claramente que esa información, en las cifras que hemos entregado hoy día no está y no está porque para hacer aquello tendríamos que necesariamente comenzar a distinguir cada uno de los casos, si es que corresponden o no a un delito vinculado con el estallido social”.
El presidente de la comisión, el senador Pedro Araya (Ind), comentó que “si usamos las cifras oficiales, estaríamos hablando en la práctica de todos los delitos cometidos en esa época y yo entiendo también, porque está la misma complejidad, que ustedes no pueden a priori asociar un caso al estallido social, pero que por lo menos puedan actualizar la información que se entregó a la Comisión de Derechos Humanos para poder tener un comparativo”, continuó.
Para Araya, “ese es el primer gran problema, nosotros no sabemos y mi impresión personal es que tampoco las agrupaciones de presos de la revuelta saben cuántos son”.
