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Señor Director:
El último informe de Contraloría no deja indiferente a nadie, el financiamiento indirecto por parte del ejecutivo a personas con condenas previas de estafa, tráfico de estupefacientes, robo con violencia, homicidios, violencia intrafamiliar, producción de pornografía infantil, abuso sexual, entre otros, sobrepasa todo parámetro de moralidad, dejando claro dos posibles afirmaciones; primero, tenemos autoridades tan incompetentes que no son capaces de leer los antecedentes de las personas que otorgarían las pensiones de gracia o segundo, eran conscientes de aquello y de todas maneras lo hicieron por estar de acuerdo en financiar a tipos de personas de tal calibre delictuoso, entre ambas es preferible la primera, pero solo porque simplemente una es menos vergonzosa que otra.
Felipe Jara S.
Fundación para el progreso
