Justo una semana antes que sellen su suerte en las urnas -presenciales y electrónicas-, los(las) cinco candidatos(as) a la rectoría de la Universidad de Concepción participaron ayer del tercer y último debate, el cual se desarrolló en la Casa del Deporte, en el Campus Concepción.
En la oportunidad, los(as) académicos(as) Carlos Saavedra Rubilar, Jacqueline Sepúlveda Carreño, Jorge Fuentealba Arcos, Soraya Gutiérrez Gallegos y Bernardo Castro Ramírez respondieron preguntas de los Medios UdeC, se interpelaron entre ellos, y ahondaron en dos temas cruciales para la casa de estudios de cara al cuatrienio 2022-2026: financiamiento y leyes pendientes en educación superior.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Aportes basales, prioridad que el Estado le da a las universidades de su propiedad, por sobre las privadas con vocación pública, como la UdeC; la diferencia entre los aranceles de referencia y el valor real de las carreras, son diferentes aristas de un mismo tema que los(as) candidatos(as) enfrentaron de distinta manera.
Jacqueline Sepúlveda planteó que “es algo relevante cuando se quiere llevar al éxito a un proyecto educativo, sin embargo no es lo único. Según definiciones internacionales, en una universidad de excelencia deben converger tres factores: protección y atracción de talentos, una gestión ágil, flexible y transparente, y además, una gestión financiera eficiente. En nuestro diagnóstico determinamos que los dos primeros factores son los más relevantes y transversales en todos los campus y en todas las áreas del conocimiento: hay poca atracción y retención de talentos y hay poca gestión ágil, flexible y transparente. En nuestro análisis económico logramos detectar que el único segmento excedentario de la corporación son los juegos de azar, por lo tanto, la invitación es a tener una visión sistémica del problema, y por ningún motivo referirse a que el fracaso de algún indicador es solamente por el tema financiero, o escudarse en la gestión de una administración anterior”, aseveró.
Soraya Gutiérrez coincidió con que el trabajo en la universidad debe contar con una gestión financiera ágil, enfatizando eso sí que son importantes las formas en que se realizan las actividades.
“Proponemos una UdeC digital, eficiente, que nos permita liberar el tiempo para las funciones que son fundamentales en el quehacer académico. Es imprescindible poder trabajar en conjunto con todos nuestros estamentos, avanzar en una diversificación de actividades. Para mejorar nuestro financiamiento proponemos un aumento en la asistencia técnica y proyectar el crecimiento de nuestros programas de posgrado. Entendemos que la situación actual requiere un paso previo, necesitamos avanzar en investigación, infraestructura e inversión en capital humano, pero ese debiera ser nuestro norte”, manifestó.
Jorge Fuentealba recordó que el pasado miércoles, en el debate de Chillán, los(las) candidatos(as) discutieron sobre los indicadores de bonanza económica de la Universidad, “pero lamentablemente, estos no tienen correlato con la situación salarial-laboral de nuestros trabajadores, y eso ha significado en el último año una pérdida de poder adquisitivo cercana a 3 puntos porcentuales del IPC. En nuestra administración vamos a invertir en las personas para recuperar esa caída del orden de 0,6% acumulados en estos cuatro años, que finalmente ha afectado a nuestros trabajadores de menores ingresos”, planteó.
Carlos Saavedra puso énfasis en que la tarea de la sustentabilidad económica es para todas las filiales corporativas. “Cuando asumimos en 2018, la Universidad tenía un déficit presupuestario anual de $7.500 millones. Hoy se encuentra en equilibrio operacional. Los medios de comunicación, que tan bien lo han hecho en este tiempo, tenían en conjunto un déficit cercano a los $3 mil millones. Hoy, a pesar de la pandemia, todos los medios de comunicación de la UdeC se encuentran en equilibrio operacional. Esta tarea es sistemática, permanente y requiere necesariamente incorporar nuevos recursos para su funcionamiento. Nuestra tarea fundamental es que el nuevo gobierno cambie aquellos aspectos de la ley que limitan las transferencias por gratuidad a nuestra universidad, a la U. del Bío-Bío y a la U. de la Frontera”, sostuvo.
Bernardo Castro partió su intervención diciendo que “la naturaleza de la institución define los medios y el estilo en la parte económica. Esta es una institución educativa, universitaria, por lo tanto, uno debe preocuparse de mejorar las condiciones laborales, especialmente de los académicos y funcionarios que están siempre apoyando la tarea educativa. Naturalmente, se debe hacer una gestión descentralizada, transparente, para lo cual planteamos que se debe invertir en las personas y en infraestructura, porque en estos cuatro años hay un déficit en la inversión en infraestructura. Tenemos que reestudiar la redistribución central de los ingresos para reducir la enorme desigualdad que hay entre facultades y campus, y avanzar en un consejo de medios de comunicación, para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento, que es la esencia de la universidad”, afirmó.
Materias legislativas pendientes
Sobre las deudas pendientes en materia de legislación en educación superior, los candidatos también fijaron sus prioridades.
Bernardo Castro cree necesaria una ley especial sobre universidades, “porque la ley 21.091 que se aprobó hace tres años no hace esta distinción. Lo propio de la universidad es la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, pero más aún, la libertad de pensamiento, de cátedra, el pluralismo, y eso debe quedar asegurado en una ley. Otras normativas importantes serían sobre el rol que juega la ciencia, investigación, humanidades y artes en el desarrollo, y una sobre financiamiento para el Cruch histórico, pues estamos en desventaja con 40 años de educación privada”, aseveró.
Soraya Gutiérrez también estima pertinente impulsar una ley para las universidades, “y para la ciencia y la investigación, derecho que debiera quedar plasmado en la Constitución. Entre las cosas que faltan por avanzar está el cómo se van a calcular los aranceles regulados, y la diversidad y la inclusión en educación superior”.
Jacqueline Sepúlveda considera que hay tres temas pendientes. “La gratuidad y la duración de las carreras, algo relevante, porque solo el 16% de nuestros estudiantes egresa con la duración formal y eso hay que regularlo. También los mecanismos que fijan los aranceles, porque no está incorporado el criterio de descentralización o regionalismo. Por último, hay que avanzar en un marco de cualificaciones. Si bien hoy tenemos un proyecto piloto, eso tenía un plazo de tres años para permitir la integración con la educación técnico profesional”, sostuvo.
Jorge Fuentealba recordó que hay varios aspectos en la normativa sobre educación superior que necesitan resolverse. “El tema del CAE, del financiamiento; cómo vamos a implementar un sistema de calidad en las universidades que permita armonizar sus distintas reparticiones, cómo vamos a garantizar los sistemas de calidad de las carreras, del posgrado y de nuestros sistemas de asistencia técnica. Son temas que hay que garantizar para que el rol público que cumplimos como institución de educación superior esté contemplado y consagrado en la ley para que las universidades sigan siendo agentes de cambio en sus territorios”, planteó.
Finalmente, Carlos Saavedra recordó que la actual ley de Educación Superior “es un avance significativo y sustantivo para nuestro país en materia de responsabilidad del Estado con la educación superior, pues ha asumido un rol importante en materia de financiamiento. Debemos, como primer desafío, avanzar hacia la universalidad del financiamiento con gratuidad, con la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación superior. Debemos reconocer lo sustantivo que fue el avance sobre regulación del sistema, tanto en aranceles, como en vacantes, que permite a las universidades cambiar la perspectiva de la competencia por la asociatividad, como lo que hemos desarrollado en el Cruch Biobío-Ñuble. Debemos resolver que se reconozca el costo real de la formación de los estudiantes de educación superior en todos sus niveles”.
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