En la semana del 6 de julio se cumplieron los 50 días de vacaciones que el alcalde de Pemuco, Johnson Guíñez, le había dado al juez de Policía Local de esa comuna, Marcelo Campos, hoy en prisión preventiva por presuntos delitos de violación de secreto e investigado, además por lavado de activos, en el marco de la causa que la Fiscalía Regional de Ñuble lleva en el denominado caso led.
Luego de ser detenido, el 5 de mayo, por personal de la PDI, cuando volvía de Santiago con un maletín con $37 millones, que se presume parte del dinero recibido como soborno, fue formalizado el día 9 de ese mismo mes, quedando hasta hoy en prisión.
“Él presentó, en efecto, su permiso para tomar su feriado legal, que entiendo fueron por 50 días. Ahora, como su abogado, ignoro qué determinación es la que él tomará al respecto”, explicó su abogado, Giovanni Gotelli, quien lo representa en la causa penal.
Ante este escenario, la Ley especifica que es la Corte de Apelaciones quien deberá definir una terna para determinar quién se quedará con ese cargo en adelante.
Esto, considerando que pese a que las vacaciones del abogado Campos finalizaron hace cerca de tres semanas, este está impedido de volver a sus funciones.
De la terna que confeccione la Corte de Apelaciones, será el alcalde de la comuna, Johnson Guíñez, quien decida el nombre del futuro juez.
La Discusión intentó comunicarse con el jefe comunal de Pemuco, pero no contestó los llamados.
El hermano de Vallejos
En el caso led, que abarca presuntos delitos de corrupción por irregularidades en las millonarias licitaciones para el recambio de luminarias públicas en las comunas de Iquique y Chillán, también figura como coimputado el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos.
Y hasta hoy, quien figura como juez suplente del Juzgado de Policía Local de Pemuco, es su hermano Fernando.
Esto, debido a que él era quien estaba como juez suplente incluso antes de que Campos fuera formalizado.
Tanto los abogados de Campos y Vallejos han solicitado a la Corte de Apelaciones de Chillán que se revoque la medida cautelar y se cambie por la de arresto domiciliario total, lo que fue negado por el tribunal.
La causa está en estado de investigación secreta por el plazo de seis meses.
