Las Isapres han sido cuestionadas sistemáticamente, desde hace varios años, principalmente, por su política de tarificación basada en el riesgo a enfermar, por las alzas anuales de precios en los planes que ofrecen, y también por sus cuantiosas utilidades.
Las críticas a estas empresas, nacidas gracias al Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 del Ministerio de Salud en el año 1981, tienen relación con que se ha transformado en negocio lo que es un derecho fundamental, la salud.
A consecuencia de esto, se ha generado una segregación de la población basada ya no tan solo en la capacidad de pago, sino que además se segrega entre sanos y enfermos, y entre jóvenes y viejos. Y al igual que en otros sectores, el mercado de la Isapres presenta una concentración cada vez mayor. Hoy cinco grupos controlan más de la mitad de ese mercado. No es de extrañar, entonces, que el sistema privado haya ido perdiendo cada vez más cotizantes. De hecho, son más lo que salen que los que ingresan. En total, hoy las Isapres captan no más del 20% de todos los cotizantes chilenos.
Si bien se dice que los negocios no tienen moral, en este caso se trata de una industria social, tal como la definió el Tribunal Constitucional en un emblemático dictamen de 2010. De hecho, en aquella ocasión precisó algunas pautas para las Isapres, como la prohibición de discriminar, aboliendo la lista de factores de riesgo basada en el sexo y en la edad, postura compartida por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
Pero eso es en el papel, porque en la práctica, estas empresas que lucran con la salud siguen aplicando políticas discriminatorias, a vista y paciencia del ente fiscalizador, aprovechando vacíos legales para incrementar unilateralmente el valor de los planes de salud.
Lo concreto es que no es negocio para una Isapre tener como afiliada a una mujer que se embaraza, a un adulto mayor o a una persona con alguna enfermedad crónica o padecimiento poco común, demandante de medicamentos de alto costo.
La lucha que han dado en los tribunales de justicia cientos de familias para lograr que su Isapre financie un tratamiento que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, es el mejor ejemplo de que para estas instituciones hay personas de primera y de segunda clase. Y como el único fin es el lucro, las demás consideraciones no tienen importancia.
Cuando se creó el sistema de salud previsional privado, se pensó en una forma eficiente de administrar los aportes de los trabajadores a su previsión de salud, beneficiando a todos, sin embargo, en la práctica ello no ocurrió.
Hoy, las esperanzas de un cambio en este injusto cuadro están puestas en la discusión de una nueva ley que se encuentra en la Comisión de Salud del Senado. Pero en lo inmediato, mientras se discute un proyecto que deje conforme a políticos de derecha, centro e izquierda y se despliega el previsible e intenso lobby de las aseguradoras y otros grupos de interés, se requiere que el Estado -a través de los poderes Ejecutivo y Judicial- cumpla su papel como garante de los afiliados. Es lo mínimo ante empresas y un sistema completamente desviado de lo que debería ser su misión.
