Garantizar el derecho social a la educación superior, mediante un sistema de financiamiento más justo y sostenible, es la premisa del Fondo de Educación Superior (FES), aprobado esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa apunta a reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario, reorganizando deudas y creando un esquema único de apoyo estatal.
Ahora, el proyecto inicia un segundo y más complejo trámite en el Senado, donde se anticipa un debate arduo y modificaciones sustanciales.
El FES unifica los actuales instrumentos de financiamiento y los transforma en un mecanismo público, sin bancos ni intereses, al que podrán acceder estudiantes nuevos y quienes hoy cursan con CAE o Fondo Solidario. El beneficio cubrirá la duración formal de la carrera más un año adicional, con la posibilidad de un cambio de programa. La devolución será contingente al ingreso: hasta un 8% del salario, con tope de 20 años, y exenciones para quienes ganen menos de 7,5 UTM.
Además, se contempla una condonación parcial o total de las deudas educativas. El texto aprobado en la Cámara establece que la condonación será obligatoria en los casos con garantías ejecutadas y voluntaria para los deudores al día. También se fijó un beneficio tributario para quienes ya pagaron sus créditos, con rebajas anuales por 20 años.
Sin embargo, el costo fiscal es considerable. Según Dipres, en el primer año habrá un gasto neto de $4.420 millones, pero se generarán ahorros superiores en el tiempo. A diez años, se proyecta un alivio de 0,168% del PIB. Pese a ello, el diseño del fondo ha generado críticas. Desde la oposición se cuestiona la mezcla de condonación y financiamiento en un mismo proyecto, la desaparición de becas estudiantiles y la obligación de contribuir hasta por dos décadas, lo que a su juicio se transforma en un “impuesto al trabajo”.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la propuesta como “una respuesta fiscalmente responsable” que elimina la participación bancaria y permite una cobranza más eficiente a través del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería. A su juicio, el FES “no solo termina con el CAE, sino que genera un sistema sostenible y justo para estudiantes y familias”.
“No queremos un impuesto a la clase media”
Pese al avance del proyecto, el principal obstáculo estará en el Senado. El presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), advirtió que el debate recién comienza.
“El proyecto aprobado viene con un problema de origen, que es juntar la condonación del CAE y el financiamiento a la educación superior en una sola iniciativa. Eso genera confusión y desconfianza”, expresó.
El parlamentario agregó que existen observaciones desde universidades, expertos y hasta del Consejo Fiscal Autónomo.
“En la Comisión esperamos proteger la autonomía y sostenibilidad de las instituciones de educación superior, y al mismo tiempo asegurarnos de que el instrumento que reemplace al CAE no termine siendo un impuesto a la clase media”, recalcó.
Sanhueza también criticó que se obligue a los egresados a retribuir por veinte años, incluso si en la práctica pagan más que el valor real de la carrera.
“Eso es una mochila injusta que se traduce en un impuesto al trabajo durante dos décadas de vida laboral”, enfatizó
