La historia de Mariana Milla (57) fue parte del documental de “Hermanas en el dolor”, que fue exhibido en San Carlos como parte de las actividades conmemorativas por el Día Nacional contra el Femicidio. La sancarlina murió, en un supermercado de la Región Metropolitana, tras ser atacada con un cuchillo en su cuello y abdomen por su expareja, quien mantenía una orden de alejamiento. El registro de su caso y otros fue proyectado en su comuna de origen, donde conoció en el pasado a su agresor, con quien mantuvo una relación posterior a la separación con su exmarido.
En la actualidad el victimario cumple una condena de 40 años por este delito que pudo haberse evitado si, en voz de los familiares, no hubiesen fallas en el sistema de protección hacia quienes sufren violencia.
“Hay un déficit tremendo desde la institución, la policía, en cuanto al resguardo que le ponen a estas órdenes de alejamiento. Mi mamá denunció dos veces y había un antecedente de violencia intrafamiliar y cuando sacaron a Mario, le dan una orden de alejamiento y carabineros no fue en ningún momento al domicilio. No le prestaron apoyo psicológico, ni vigilancia. Ella denunció y quedó sola. Él la mató en menos de un mes después de que se separó. No hay ningún resguardo”, cuestionó su hija, Camila Troncoso.
La joven antropóloga tiene un punto de vista crítico respecto a las políticas públicas en esta materia. “Quizás si el Estado o las instituciones hubiesen tenido mejores mecanismos, mi mamá hubiese podido estar viva en estos momentos. Ahora hemos ido avanzando, como, por ejemplo; la Ley de Reparación a los hijos víctimas de femicidio. Es buena, porque antes los hijos quedaban desprotegidos totalmente, en cambio ahora tienen derechos y beneficios”, opinó.
A modo de propuesta, Camila expuso la necesidad de la implementación de “protocolos en todas las instituciones con perspectiva de género”.
Aumento en el delito
A la fecha, en la Región de Ñuble se han registrado 14 femicidios frustrados y uno consumado, lo que representa un aumento significativo respecto a los años anteriores. En 2022 hubo uno en cada tipo y en 2021, dos frustrados y uno consumado. Mientras que, en 2019, hubo tres femicidios frustrados y dos consumados.
Al indagar en las causas del alza, la seremi (s) de la Mujer y Equidad de género, Nicol Ulloa, hizo hincapié en la relevancia de los avances legislativos, particularmente la entrada en vigor de la Ley Gabriela. Antes de esta legislación, los femicidios ocurridos en relaciones de pololeo no eran considerados, y ahora se incluyen diversas categorías, como femicidio íntimo, no íntimo y tentado.
“Creemos que tienen relación los avances legislativos y con la coordinación del circuito intersectorial de femicidios, pero decir que estamos contando mejor, no basta. De igual forma nos alarma estas cifras, porque detrás de cada mujer muerta, asesinada, hay un nombre, una familia, un entorno que se ve afectado por el femicidio. Tiene que ver con la entrada en rigor de la Ley Gabriela, que antes de esta, no se consideraban los femicidios que ocurrían en las relaciones de pololeo y también ahora se establece el femicidio íntimo, no íntimo, tentado y eso también está considerado dentro de las cifras”, explicó.
El director de SernaMeg, Raúl Fuentes, complementó mencionando que la pandemia desempeñó un papel crucial en el aumento de la violencia de género en la región. Asimismo añadió que el machismo arraigado en la cultura chilena también es un factor que incide.
“Señalar que la pandemia jugó un rol en el tema de violencia de género por el hecho que las personas estaban más bien en sus casas, los agresores con sus víctimas, y eso de alguna manera gatilló. Sin duda, hay un tema cultural. Sabemos que estamos en país machista y eso implica que los hombres sienten como el derecho sobre la mujer, en temas que queremos como servicio desarraigar con acciones de prevención”, sostuvo.
Los últimos ataques contra mujeres que han conmocionado a la región, como el ocurrido en Quinchamalí donde una fue herida con arma blanca en el cuello y estómago en noviembre pasado por su conviviente, se han asociado a relaciones breves y a contextos de ruralidad, donde se encuentran enraizado el machismo.
“Los últimos femicidios frustrados que han ocurrido, se han dado en circunstancias de relaciones breves, en la Región de Ñuble. No han sido relaciones largas, por lo tanto, no ha habido un espacio en que la víctima haya conocido de antemano mucho tiempo el agresor y haya podido denunciar y como institución haber sido parte de ese proceso con apoyo jurídico y social”, dijo el directivo.
“En la Región de Ñuble existe harta ruralidad y ese es un elemento potenciador del tema de la violencia contra la mujer, porque son patrones aprendidos de machismo que creen que la mujer es objeto de ellos. (…) Quizás hay otros factores que pueden influir como, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas. También se da el contexto que cuando lo hombres consumen se han dado episodios de violencia. Hay un tema cultural transversal en la sociedad”, agregó.
Desde ambas instituciones están conscientes del trabajo que se debe desplegar para revertir esas cifras y proteger a las víctimas de violencia, para ello el gobierno de turno ha elevado el incremento de recursos para sus diversos programas, potenciando aquellos que ponen en el foco en la independencia económica.
“Podemos dar cuenta que hay un aumento del presupuesto de 5,2% para poder avanzar hacia la igualdad de género a través de los programas con énfasis en la autonomía economía. En cuanto a la violencia, Sernameg atiende a 60 mil mujeres anualmente y se espera que con el incremento llegue a las 79 mil en atenciones de primera acogida, intervención y representación jurídica en cuanto al área de violencia”, dijo la seremi.
Asimismo, se está trabajando en un banco de datos con el historial de los casos para evitar que las mujeres tengan que revivir nuevamente su agresión para acceder a los diferentes servicios.
“Se avanza en un sistema integrado para ir registrando intervenciones de tal forma que sea un sistema coordinado a nivel nacional, donde las mujeres no tengan que peregrinar y volver a contar su historia, evitar la revictimización, porque va estar toda la información alojada en este sistema integrado”, destacó.
Nicol Ulloa valoró que se haya impulsado el proyecto por el derecho a una vida libre de violencia que robustece el sistema de protección de la víctimas y que se mantiene en tramitación en el Congreso.
“Lo presentó la expresidenta Michelle Bachelet hace seis años y descansaba en el Congreso. El ministerio lo toma, lo actualiza, de acuerdo a las demandas, y una de las mejoras es mejorar las medidas cautelares, fortalecer el rol de la representación jurídica del servicio e incorporar a los niños y adolescentes como víctimas y no como meros testigos”, subrayó.
Desde Sernameg, entienden que existen patrones de conductas aprendidos en una cultura del machismo, por ende, se deben erradicar esa influencia negativa, a través de la educación.
“Tenemos el programa de prevención de la violencia, donde capacitamos a agentes preventivos para enseñarles cómo y dónde denunciar. Estamos trabajando con organizaciones, en colegios, con jóvenes en las comunas y con juntas de vecinos principalmente con la difusión de esta problemática. Este programa entrará más fuerte el próximo año, porque estamos convencidos que este es un problema cultural y hay que atacar desde la educación”, dijo el director.
Mirada multisistémica
Desde la visión de la doctora en psicología social y jefa de carrera de psicología de la Universidad de Concepción, Pamela Vaccari, las dinámicas de violencia que culminan en femicidios, ya sea consumados o frustrados, tienen su origen en estructuras patriarcales arraigadas, que perpetúan la desigualdad y naturalizan la subordinación de las mujeres.
“La cultura del machismo, la cosificación de las mujeres, la falta de educación de género y los estereotipos de género tradicionales y nocivos contribuyen a la normalización de comportamientos violentos, especialmente cuando alguien no cumple el patrón de género que se espera. Asimismo, factores económicos, como la dependencia económica de las mujeres, pueden dificultar su capacidad para escapar de relaciones abusivas”, explicó.
A su juicio la política pública actual orientada a prevenir la violencia es positiva. Sin embargo, considera que no es suficiente ya que se requiere una mirada multisistémica para generar un cambio cultural debido a que el bullying en Chile está muy naturalizado y es el primer nivel del “violentometro”, una medición que expone una escala con diferentes grados de violencia, desde una broma hiriente hasta el asesinato.
“En cuanto a las correcciones a la política pública, es necesario evaluar constantemente su impacto y realizar ajustes, según sea necesario. Esto podría incluir mejoras en la implementación de leyes existentes, mayor asignación de recursos, y la adaptación de estrategias a las cambiantes dinámicas sociales. Además, es crucial involucrar a la sociedad civil, organizaciones de mujeres y expertos en género en el diseño, implementación y evaluación de políticas para garantizar que sean efectivas y aborden de manera integral el problema del femicidio”, sostuvo
Mayor control de cautelares
Para la académica del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Concepción, Teresa Sanhueza, las iniciativas dirigidas a frenar la violencia hacia la mujer son las adecuadas, pero aún falta por avanzar desde distintas áreas.
“No son las suficientes, pues para lograr el éxito de estas se requiere un mayor capital humano concientizado con este tipo de delitos, que sepa cómo dar una respuesta efectiva en la obtención de la prevención o posterior reparación accediendo a la justicia, evitando la revictimización y ello va desde el funcionario policial que recibe la denuncia, funcionarios de tribunales, jueces, funcionarios de servicios públicos relacionados con la temática, etc. A esta limitación se agregan los recursos económicos que se requieren para lograr ese objetivo de manera exitosa, así está el recurso humano y económico lamentablemente reducido”, dijo.
La docente reconoció que existe una lenta respuesta en los tribunales de familias para las víctimas secundarias de un femicidio, es decir, los hijos. “Estos últimos dadas las amplias competencias que abarcan se encuentran sobresaturados de carga, dando respuesta de manera lenta frente a algo que tiene una necesidad imperiosa”, añadió.
Por otra parte, expuso que se requiere robustecer las medidas cautelares dictadas por los tribunales, a través de una mejor fiscalización de éstas.
“Ahora bien, como se realiza la fiscalización de las mismas, mayormente por ronda de carabineros, o se asume que si no hay una nueva denuncia, es porque no se incumplió la medida, además de no haber nuevos hechos de violencia, pero ello es entregar la sensación de una facultad errónea a la víctima, porque en general el agresor cree que al recomponer el vínculo y la víctima permite que ese agresor regrese al hogar, la medida deja de existir, pero ello no es así, mientras no exista una nueva resolución que la modifique, se está cometiendo incluso otro delito como lo es el desacato. Así es como hoy en conocimiento de nuestros tribunales, junto con el hecho de violencia hay multiplicidad de desacatos, donde más de alguno de estos casos termina con un hecho de femicidio. Aquello se podría mejorar, si la fiscalización de la medida fuera más efectiva. Si bien esa falencia ya se detectó, y desde octubre de 2021 existe la posibilidad de monitoreo telemático (tobillera), aun en el 2023 se está trabajando en el reglamento para su implementación, lo que ha resultado lento”, dijo.
Finalmente, la académica comentó que el acceso a la información se erige como un pilar fundamental para la concientización de la población sobre esta problemática. Sin embargo, la forma en que se entrega esta información juega un papel crucial.
“Para ello no se puede asumir que todos tenemos la capacidad de comprender de la misma manera, y de ello depende cómo y por quienes se le entrega la información, así por ejemplo debiera focalizarse por criterios, conforme a la edad, nivel educacional, entre otros. Así una persona que corresponda al rango etario de persona mayor probablemente no es capaz de darse cuenta que ha vivido hechos de violencia que culminan con un posible femicidio, porque normalizan ciertas conductas, propio de lo que le ha tocado vivir, y si a esa mujer se le trata de explicar en términos jurídicos, causara en ella un evidente rechazo”, precisó.
