A ocho meses del atropello del joven, de 20 años, Sebastián Osorio, su familia aún no baja los brazos y mantiene la esperanza de alcanzar justicia tras su fallecimiento.
La madrugada del 8 de junio de 2019, el estudiante de Electricidad conducía su bicicleta camino a casa en el sector El Manzanal cuando fue encontrado sin vida en el camino.
Desde ese día sus seres queridos claman por encontrar al culpable que acabó con la existencia del joven, sin embargo, hasta ahora no hay avances concretos en la investigación que permitan llegar a esa dirección.
La hermana de la víctima, Valeska Contreras, comentó que hasta ahora existen personas sospechosas que podrían tener responsabilidad en la muerte de “Tatán”, pero aún no hay una formalización de un imputado en el caso.
“Leí la carpeta investigativa, y claro hay sospechosos, más de uno. El problema, es que las pericias que van a reafirmar esto, pueden afirmar o descartar, porque pudieran haber pasado por ahí en el momento equivocado o resulta que ellos efectivamente fueron. Han sido entrevistados, pero no es algo que lo tengamos claro aún”, reveló la joven, quien expresó además su impotencia, ya que los tiempos del caso, no son los esperados por la familia.
Los deseos de justicia del círculo cercano a Sebastián aún se ven lejanos, ya que ante la ausencia de un imputado, también se suma el escenario incierto que deberán enfrentar en tribunales una vez que existan avances concretos.
“La ley Emilia es algo más bien mediático que algo concreto. De hecho, apelábamos a esta ley para que se hiciera justicia por mi hermano, pero ahora ni siquiera tenemos eso. En la teoría, todos apoyan la ley Emilia, pero en la práctica, el abogado defensor puede que vaya al Tribunal Constitucional y ponga en jaque todo. (…)Es muy poco lo que se valora la vida cuando una persona es atropellada, las penas son muy bajas. Con respecto al asesino del Sebastián, lamentablemente por un tema de que la gente no ha querido hablar, de personas que dicen que saben y al final no saben, se ha transformado en puros “cahuines”, no tenemos material para ir a un juicio”, sostuvo.
Por su parte, la Organización Ciudadana de Seguridad Vial (Osev), Enrique Olivares recalcó que la Ley Emilia ha favorecido la disminución de la tasa de siniestralidad al conducir bajo efectos del alcohol y/o drogas, sin embargo, la normativa “no ayuda en el resto de los siniestros viales que son el 92%, es decir, los cuasidelitos sin penas reales para los causantes. Nos interesa reducir la cantidad de muertes y lesionados en el tránsito causadas por la velocidad, las distracciones al volante como el chat e imprudencias de peatones. Lamentablemente las víctimas siempre serán los más vulnerables como peatones, ciclistas y motoristas. Esto una problemática de salud pública que a las autoridades parece no interesarles”, señaló Enrique Olivares, presidente la Osev.
Casos en Ñuble
El caso del joven Sebastián Osorio no es el único que aún no logra identificar al responsable de la muerte de la víctima. Durante el 2019, en la región de Ñuble se registraron 69 accidentes de tránsito con fallecidos, en 14 de los siniestros los responsables se dieron a la fuga.
“En el 2019 se registraron 14 accidentes con fuga, logrando la detención de los responsables de nueve, los cuales están en diferentes circunstancias, ya sea prisión preventivas o en un proceso judicial, y cinco lamentablemente no se ha podido determinar a su conductor, no obstante continúan las indagaciones por parte de la fiscalía y eventuales diligencias solicitadas al personal especializado”, señaló el capitán Francisco de la Vega, de la Siat de Carabineros Ñuble.
En lo va de año han ocurrido nueve siniestros con muertes, de ellos, en un solo caso el conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima y sin notificar a Carabineros pero fue detenido posteriormente. “Fue el último accidente registrado en la comuna de Ñiquén donde se logró su identificación y ser dispuesto a tribunales”, añadió.
De la Vega precisó que la principal característica de las situaciones de escape del lugar por parte de los responsables de los accidentes, se presenta en casos de atropellos de peatones o colisones con vehículos menores. “Generalmente porque permiten una fuga rápida y los daños en el vehículo no son de una magnitud que evite su desplazamiento o fuga del lugar de los hechos”, dijo.
Además, acotó que un factor primordial que ha influido en este tipo de accidentes es el consumo de alcohol por parte de los conductores, donde esto ayuda a tomar la decisión de darse a la fuga y no dar aviso al personal de carabineros como tampoco prestar ayudar a la víctima.
Aumentar las penas
En relación a la Ley Emilia, vigente desde el 16 de septiembre de 2014, el abogado chillanejo Rodrigo Vera, sostuvo que el propósito de la normativa, de castigar con al menos un año de cárcel efectiva a los presuntos autores, no se ha cumplido cabalmente, porque la ley comenzó a ser cuestionada en el Tribunal Constitucional en relación a otros delitos.
“Los artículos de la ley comenzaron hacer impugnados en el Tribunal Constitucional que decían, si usted abusa de un niño puede cumplir la pena en libertad, si usted trafica droga puede cumplir la pena en libertad, si usted cumple otros graves delitos puede cumplir la pena en libertad. Entonces, por qué con un delito, que parece menos grave, tiene que estar un año en la cárcel. El TC comenzó a acoger estas solicitudes, entonces, esta obligación de estar a lo menos un año con pena efectiva, no rige”, explicó.
Para el jurista, la única forma de revertir los resultados de esta normativa y por ende la frustración de las familias, es aumentando las penas.
“La única forma de amarrar al TC y que éste no pudiera hacer nada, es que tenga penas que partan de 5 años y un día, porque así no hay ninguna posibilidad de que se cumpla en libertad. Y obviamente una persona que es primeriza, sin antecedentes, que ha colaborado con la investigaciones va cumplir 5 años y un día en la cárcel, porque si es más bajo se puede ir al TC”, indicó.
De todas maneras dejó en claro que lo planteado por el Tribunal Constitucional “no es descabellado, tiene lógica también. Aquí nos encontramos con que la única manera de evitar que esto suceda, sería derechamente aumentar las penas, es decir, que la pena no sea 3 años y un día en adelante, si no de 5 años y un día, y ahí no hay ninguna posibilidad, ningún beneficio. Pero lo que pasa, que también alguien podría plantear que es muy excesivo para un manejo en estado de ebriedad causando la muerte, porque no es una conducta dolosa, no es un homicidio pero jurídicamente sería el único camino”.
Al igual que Valeska, el profesional cree que la Ley Emilia está sobrevalorada y que los legisladores crearon altas expectativas en las familias de las víctimas en cuando a su desempeño, generando así frustración.
“Lamentablemente se creó una expectativa, tenía todo un objetivo en definitiva de castigar y servir como prevención para evitar que ocurrieran los manejos en estado de ebriedad, produciendo la muerte. Claramente esa prevención no está ocurriendo, vimos el caso del joven que era carabinero y se fuga del lugar, según lo informado por los medios. Entonces, no existe una conciencia, un sentido del temor a las consecuencias en un estado de ebriedad, porque la gente de una u otra forma se va dando cuenta, porque tiene un conocido o sale en la prensa, que hay gente que comete conducción en estado de ebriedad causando la muerte, y no esta presa”, explicó.
Además, ambos ven con preocupación el escaso impacto que ha tenido la normativa en la prevención la conducción irresponsable.
“La gente sale a carretear y tiene la cultura de beber mucho, entonces, ese tipo de contexto tampoco se pone en la mesa, se pone en la mesa que la persona nunca hizo nada, de que nunca tuvo algún problema, pero la vida de la persona que mató no está valorada en el contexto cultural”, expresó la hermana de la víctima.
Texto: Susana Núñez y María Antonieta Meleán
