Hoy se analizará y votará en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Ñuble la declaración de impacto ambiental (DIA) del controvertido proyecto “Ampliación y traslado de extracción y procesamiento de áridos río Ñuble en confluencia con ríos Chillán y Changaral, al Fundo San Francisco, sector Huape”, de la Sociedad Arenex S.A.
La DIA fue ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Bío Bío en octubre de 2017 -antes que se creara la región de Ñuble- y durante su tramitación no consideró un proceso de participación ciudadana, lo que sumado a la resistencia de las comunidades vecinas por los impactos que esta actividad genera en el ecosistema, en la calidad de vida de las personas y en otros negocios, abrió un nuevo foco de conflicto ambiental en la región.
Según la DIA, el proyecto considera el traslado de la extracción -desde la confluencia del río Ñuble con el Chillán hasta el sector de Huape- y el procesamiento, y por otra parte, la ampliación de la zona extractiva, cuyo volumen de extracción total llegará aproximadamente a los 3,5 millones de metros cúbicos de material.
Entre las principales críticas de los vecinos de Huape, Huechupín, Quinchamalí y alrededores, destacan el riesgo de inundación como consecuencia de las faenas, así como el daño al ecosistema del río, el uso de suelos con aptitud agrícola, la sobreexplotación de material y falta de fiscalización, el nulo impacto positivo en las comunidades y el daño que los camiones producen al camino, entre otros, así como también la preocupación por la gran concentración de extracciones de áridos en dicha zona.
En ese sentido, se valora el pronunciamiento del SEA Bío Bío, que tras las observaciones técnicas por parte de los servicios públicos consultados, recomendó rechazar la DIA en la votación de hoy por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble, que preside el intendente e integran diez seremis. Entre los fundamentos para ese rechazo destaca que el titular no pudo acreditar que no se genere un impacto significativo en relación a la pérdida de suelo así como tampoco pudo identificar el área de influencia, y en consecuencia, la magnitud de los impactos.
Pero más allá del muy probable rechazo que enfrentará este proyecto hoy, hay que considerar que este caso no solo ha despertado suspicacias entre quienes se oponen a estas iniciativas, sino también ha dejado en evidencia la levedad de la legislación y una serie de vacíos en materia de fiscalización para un negocio que aparentemente es muy conveniente, pues las concesiones se obtienen prácticamente gratis y las inversiones son relativamente bajas, no así las ganancias que pueden ser millonarias. Además, las empresas que extraen áridos suelen asociarse a compañías que ejecutan grandes obras y obtienen desde los municipios la condonación de patentes, por lo que no tributan en las comunas donde causan los impactos ambientales y sociales por esta actividad.
Es por esto que es necesario que el Estado se haga cargo de aspectos como el ordenamiento territorial, la variedad tipológica de extracciones, el rol de esta actividad en la economía, la incorporación de las comunidades afectadas en la tramitación de los permisos y una fiscalización adecuada para que estos proyectos no se conviertan en pasivos ambientales.
