Este viernes, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, exmiembro del Partido Socialista, fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual consumados. Su detención ocurrió el jueves en su domicilio en Viña del Mar, Región de Valparaíso, por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).
Tras ser arrestado en su condominio, Monsalve fue trasladado esposado al cuartel de la PDI en Ñuñoa, Santiago, donde pasó la noche en un calabozo. La orden de detención fue emitida por la jueza Isabel Correa, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en respuesta a la denuncia presentada por la presunta víctima, una exasesora de la Subsecretaría del Interior.
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el 22 de septiembre en un restaurante y un hotel del centro de Santiago. Según el relato de la víctima, tras una cena donde ambos consumieron alcohol, se habrían cometido los delitos imputados.
La formalización tuvo lugar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo del juez Mario Cayul. Al inicio de la audiencia, el magistrado ordenó que esta fuera pública hasta el término de la formalización de cargos, indicando que “todo lo demás será a puertas cerradas”, para resguardar la privacidad de las partes y la integridad de la investigación.
Una vez comenzada la audiencia, la abogada defensora María Inés Horvitz solicitó que al imputado se le quitaran las esposas pues -a su juicio- no había peligro de fuga, ni de ningún otro tipo. La solicitud fue acogida por el juez Mario Cayul.
Igualmente, la defensa acusó y solicitó la ilegalidad de la detención, ya que, según indicaron, “es la privación de libertad de una persona sin ninguna justificación de urgencia”. Pese a la insistencia de los abogados, esta solicitud fue rechazada.
Los abogados de Monsalve solicitaron la reserva absoluta de la audiencia, sin transmisión a través del Poder Judicial. Mientras tanto la abogada querellante, María Elena Santibáñez, pidió solo resguardar la identidad de la denunciante y censurar pruebas con registros audiovisuales.
Acto seguido, el juez determinó que la audiencia sería transmitida sólo hasta que el Ministerio Público -a cargo del fiscal Xavier Armendáriz- expusiera los antecedentes, por lo que luego pasaría a ser reservada.
