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Preocupación en torno a la seguridad de los funcionarios, financiamiento, precisiones en definiciones, temas administrativos, entre otros, fueron advertidos durante la sesión de las comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Seguridad Pública, abocadas a analizar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
En la oportunidad expusieron Cristian Château, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE); el general de Carabineros, Juan Muñoz, jefe zona Santiago Oeste; y Cristian Gajardo, director UFEMUCH (Unión de Funcionarios Municipales de Chile).
Desde ANEPE se realizó un exhaustivo análisis del proyecto y se indicaron como prioritarios la coordinación entre entidades, interoperatividad, entrenamiento y profesionalización de quien ejerce, aspecto que fue especialmente reforzado.
Con todo, se dejó constancia de algunas inquietudes, como la necesidad de un convenio entre municipio y carabineros, aspecto que está estipulado por ley; una precisa y clara definición de elementos defensivos y de protección; la contratación de un seguro de vida para quienes ejerzan las labores, entre otros.
“Los municipios no tendrán sus policías y no se entrega nuevas atribuciones a quienes no tienen la experiencia”.
Potenciar el rol coadyuvante en funciones de seguridad preventiva y la importancia de “no confundir los roles”, fue remarcado por Carabineros, quienes aclararon que “los municipios no tendrán sus policías y no se entrega nuevas atribuciones a quienes no tienen la experiencia”.
En este sentido recordaron que se habla de “elementos de protección para el inspector municipal y no implementos para atacar”. “Los inspectores municipales no son policías”.
A juicio de UFEMUCH “al proceso le falta reconocimiento y resguardo de la institucionalidad municipal y de la seguridad de los trabajadores”, sumado a las dudas sobre recursos asignados (vía Royalty), y a la oportunidad de legislar, aludiendo al periodo eleccionario alcaldicio.
Tras las audiencias, las y los integrantes de las comisiones unidas, presidida por el senador Manuel José Ossandón, manifestaron sus dudas en torno al texto legal y evidenciaron que “en términos generales, este proyecto no aporta mucho en la seguridad propiamente tal”, “una de las grandes debilidades es el financiamiento” y se instó a enfatizar la “óptica de resguardar siempre la vida y seguridad de funcionarios”.
Además, se llamó a aclarar conceptos y unificar el lenguaje, haciendo alusión a frases como “policía comunal”.
Con todo, se valoró el avance en jurisprudencia sobre funciones de coadyuvante y se acordó solicitar un estudio comparado sobre policías en países latinoamericanos; además de requerir la autorización de Sala para analizar en texto legal en general y particular.
