Luego que en el mes de mayo de 2025 la Contralora Regional advirtiera sobre la entrega irregular de cerca de 25 mil licencias médicas en diversas reparticiones públicas, esencialmente en los ámbitos municipales, se hizo público el que en las 21 comunas de Ñuble se detectaron casos de funcionarios que viajaron al extranjero o fueron sorprendidos asistiendo a Casinos de Juegos, en los periodos en que supuestamente debían guardar reposo.
Los debates respecto al funcionamiento del Compín, de la falta de fiscalización a los beneficiarios o las debilidades del sistema, ahora suman otra polémica, que aumenta aún más la desconfianza en el aparato público.
La Contralora Nacional, Dorothy Pérez, hizo presente que de los casos relacionados con casinos, que promedian las 8 mil licencias, apenas 200 han culminado su proceso con sanciones, en el país. A la vez, comentó que en muchos otros casos los sumarios terminan sin sanciones, lo que a su juicio, “debilita la rendición de cuentas y la confianza ciudadana”.
En Ñuble, hay apenas tres municipios que ya cerraron su proceso indagatorio con sanciones de destitución: San Fabián, Ránquil y San Ignacio, mientras que otros como Ñiquén o Quillón, si bien también han realizado los decretos de destitución, estos aún no se ejecutan porque los sumariados hicieron uso de su derecho a recurrir de reposición, en la Corte de Apelaciones, tribunal que se espera responda la semana que viene para concluir, así, el proceso.
En el resto de las comunas, en cambio, las realidades son muy diversas. Pese a que la mayoría de los consistorios consultados siguen con el proceso aún en curso, los menos anticipan un cierre próximo, planteando la próxima semana como plazo de clausura, mientras que el resto solo respondió que se trata de investigaciones en curso, y por tratarse de sumarios con condición de secreta, no podían entregar mayores informaciones.
Profesionales expertos en Derecho Administrativo y Derecho Municipal, frente al avance de los sumarios, coinciden en que por tratarse de casos simples y de fácil investigación, ya debieron haber concluido.
Añaden que si no lo han hecho, podría deberse a las pocas herramientas que la Ley les entrega para obligar a los interpelados a colaborar en el proceso; o por falta de recursos y conocimientos por parte del fiscal asignado; e incluso por negligencia, desinterés o por razones políticas.
Cinco etapas, 120 días
Marcelo San Martín, abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y exfuncionario de la Contraloría de Concepción (donde ejerció por cerca de 20 años) explica que “el procedimiento sumarial es un procedimiento reglado, porque básicamente se observan con claridad cinco etapas”.
Primero, se constituye una fiscalía al interior de un municipio, y la disposición a iniciar un sumario. Luego, vienen las etapas indagatoria, acusatoria, de defensa y, finalmente, la etapa de resolución, y que le corresponde a cada alcalde”.
Posteriormente, esa resolución se puede impugnar, pero en el caso de las municipalidades solo existe el recurso de reposición, porque no existe, dentro de la administración comunal, una autoridad jerárquica superior a la del alcalde, siendo este quien destituye o absuelve.
“Cada una de estas etapas tienen plazos que están reglados, siendo la más importante y la más extensa, la etapa indagatoria, la que cuenta con un plazo que va desde los 20 días prorrogables hasta los 60 días. Por eso es que, en términos generales, la etapa completa no debería superar los 120 días”.
Sin embargo, el docente es claro en advertir que, a diferencia de las facultades coercitivas que existen en las investigaciones penales, los testigos no están obligados a comparecer en las fechas indicadas por el fiscal y ni siquiera tienen la obligación de prestar colaboración, y ese tipo de factores externos a la investigación municipal, en ocasiones, extienden los procesos indagatorios.
El abogado, de todas maneras, coincide con sus pares en que también se ha advertido demoras o incluso rechazo de sumarios, debido a “la poca experiencia de los fiscales designados, algo que hemos criticado por mucho tiempo, y se debe a que no se exige que el fiscal tenga formación jurídica, que es una competencia que se debiera exigir, aunque el fiscal designado no sea abogado, pero sí que se capacite o asista a diplomados”.
Lo anterior se observa con mayor frecuencia en municipios que cuentan con unidades jurídicas muy demandadas y “con abogados que no dan abasto”.
Finalmente, reconocen casos de “negligencia o incluso intervención política, lo que finalizado el Gobierno Militar, fue algo que se ha ido acentuando mucho. Hay gente que puede o no tener las competencias, pero igual se demoran”.
Además, advierte que “una investigación de esta naturaleza no debería ser compleja, ya que solo se debe determinar si la persona investigada viajó al extranjero o asistió a los casinos estando en período de licencia, y no hay mucho más por averiguar. No es como otros sumarios que son mucho más complejos, que requieren de peritajes, revisión de documentos, y otros elementos mucho más técnicos”.
En resumen, el experto es enfático en sostener que “una investigación así ya debería estar terminada”.
El auge de los sumarios
Si bien la facultad de realizar sumarios administrativos y disciplinarios ha sido inherente a los servicios públicos, prácticamente, desde su existencia en el país, hay quienes observan que a partir del trabajo realizado por Dorothy Pérez, puntualmente, en el caso de las licencias médicas, obligó a todos los municipios de Chile a realizar una cantidad de procesos mucho mayor al acostumbrado.
Por lo demás, la presión mediática y política que se ha generado por conocer los resultados de estos procesos ha desnudado algunas falencias que los municipios presentan para realizar estas tareas a cabalidad.
El ingeniero civil Luis Díaz, quien cuenta con décadas en el servicio público, principalmente en municipalidades como Ñiquén, San Carlos, Talca, Parral, Constitución y Tarapacá, hoy se dedica a asesorar municipios en diversas materias, por lo que se ha dedicado a monitorear este mediático proceso.
Explica que “hay que ver ley 18.883, el capítulo quinto, sobre responsabilidad administrativa, ese es el estatuto de los profesionales municipales. Pues bien, convengamos que hay ciertas reglas de sumario que dan cuenta de la desidia, falta de capacidad, incompetencia. Sí, efectivamente, porque no era común hacer sumario. Y la primera regla es que el investigador o fiscal sea un mismo par, de igual grado o superior, y que no exista entre los investigados algún ruido de enemistad o amistad manifiesta. Pero eso es casi imposible adentro de un municipio, me parece casi utópico, porque siempre se generan redes y lazos, entonces existe parcialidad”.
A su juicio, esta imposibilidad de imparcialidad es aún más crítica cuando el investigado pertenece a la Educación Municipal, porque “desde 1970, la ley establece para ellos solo dos opciones, destitución o dejar sin efecto el sumario por falta de prueba. No hay rango intermedio, es todo o nada”.
Más allá del caso de las licencias, otros factores en los que se ampara el experto para destacar que no siempre los consistorios cuentan con fiscales preparados, apunta a otros sumarios que se demoran mucho más de los permitido o buscan formas de dilatarlos.
La casuística local le da la razón, si se considera que hay investigaciones que corrieron de manera paralela con indagatorias realizadas por el Ministerio Público, y primero se llegó a un juicio oral antes que conocer el resultado del sumario, como fue el caso por los desórdenes administrativos de Chillán Viejo, bajo el mandato de Felipe Aylwin.
“El funcionario tiene tres responsabilidades, administrativa, civil y penal. Van en paralelo. No es necesario que el fiscal espere que lo que dice el Ministerio Público, porque hay distintas responsabilidades. Y eso demuestra de pronto la falta de conocimiento”, sostiene.
Finalmente, coincide con el profesor Marcelo San Martín en la “mano política” tras casa caso. “Es una tendencia clara, ya ni siquiera es especulación, que cuando una persona sumariada es afín al alcalde o al partido político que lo respalda, las investigaciones son más accidentadas o menos precisas y muchas veces la Contraloría las rechaza; en casos contrarios, el sumario avanza muy rápido y sus resultados suelen ser más mediáticos o publicitados. Hay algo de revancha en esos casos”.
Con la tarea ya hecha
La semana pasada, las comunas de Ránquil y San Ignacio informaron que ya se ejecutaron los decretos de destitución de un importante número de funcionarios involucrados en el uso irregular de licencias médicas para salir del país.
En Ránquil, según su alcalde, Nicolás Torres, más del 70% de los trabajadores incluidos en el listado entregado por la Contraloría ya no forma parte del sistema público, mientras que el resto continúa enfrentando procesos sumarios o tiene antecedentes derivados a la Compin y al Ministerio Público.
Lejos de ser algo para celebrar, Torres dice “lamentar profundamente estas situaciones, pero debemos ser claros: Nadie está por sobre la ley”.
En San Ignacio, el alcalde Patricio Suazo ya resolvió la destitución de 21 trabajadores que utilizaron estos permisos para viajar al extranjero durante los años 2023 y 2024, mientras que en Quillón, 15 funcionarios fueron notificados del cese de sus funciones por motivos similares.
Sin embargo, en la municipalidad del Valle del Sol pasa algo similar a lo que se observa en Ñiquén. Se está a la espera de la respuesta de los recursos de reposición.
Carlos Álvarez, encargado de la unidad jurídica del municipio, detalla que se notificaron, inicialmente, respecto de 11 casos. “De esos, tuvimos que depurar porque teníamos ocho casos que eran del ex DAEM, es decir, de la SLEP. De los tres casos que nos quedaban, uno de ellos era un funcionario de honorarios que ya había renunciado y tuvimos, por tanto, solamente dos casos respecto de los cuales efectuar el sumario respectivo”.
Ambos casos son mujeres del área de la Salud (odontóloga y una matrona), una de ellas ya fue destituida, mientras que la segunda presentó recursos por encontrarse en estado de gravidez, por lo que desde la unidad jurídica se busca una manera legal para efectuar la destitución.
El abogado Álvarez reconoce, de todas formas, que el haber cumplido con los plazos, no se debe a que se haya tratado de un proceso de baja complejidad.
“En relación a que muchos municipios aún no hayan concluido, estimo que es porque no tienen la capacidad para poder ejecutar estas labores, ya sea por sobrecarga laboral o por falta de funcionarios especializados en la materia. Recordemos que los sumarios son instruidos, en este caso, por la contraria, pero son los funcionarios municipales quienes toman los cargos de fiscal y actuario para poder llevar a cabo la investigación. Razón por la cual muchas veces, o no está el conocimiento para llevarlo a cabo, hay una sobrecarga laboral o una combinación de ambos”.
Destaca, además, que entre la notificación de los casos y las ordenes de efectuar sumarios, medió cerca de un mes en que se generó una incertidumbre, por parte de la Contraloría, respecto a qué entidad estaría, finalmente, encargada de los procesos indagatorios.
Todavíapendientes
La mayoría de las otras municipalidades consultadas explicaron que esperan concluir con sus trabajos sumariales dentro del mes de octubreEn San Carlos, que inicialmente figuraba con 27 casos, de ellos, tres corresponden al nivel municipal y 24 a servicios traspasados, específicamente, uno en el Cementerio Municipal y 23 en el área de Salud.
“De los tres sumarios municipales, uno corresponde a una persona fallecida, otro fue cerrado por no mantener vínculo con la institución desde inicios de 2025, y uno se mantiene en curso. En el caso del área de Salud, cuatro sumarios fueron concluidos por término de contrato de los funcionarios involucrados previamente del requerimiento de la Contraloría, uno de los casos se encuentra en proceso de análisis, debido a una inconsistencia detectada en las fechas de inicio consignadas en la licencia médica, y 19 se mantienen en desarrollo”, explica el alcalde, Rubén Méndez.
En tanto, en Chillán, explican que las causas ya se encuentran en fase acusatoria, incluyendo al doctor del “caso cero”.
