Es posible que los integrantes electos del Consejo Constitucional tengan mayor sensibilidad con el tema regional y equilibren un poco la balanza, pero es un pésimo precedente que todos los expertos llamados a participar en un proceso tan relevante como dotar a Chile de una nueva Constitución, no tengan vínculo con los distintos territorios. Todo proyecto político de futuro responsable tiene que plantear el problema del centralismo y proponer soluciones; no hacerlo es autoengaño y mentira por omisión al resto de la sociedad.
No hay que perder el tiempo en discutir las culpas de nuestros ancestros, ocupación favorita de algunos revisionistas históricos. El hecho está ahí, innegable: Chile es un país concentrado y, lo que es peor, con una hasta ahora irreversible tendencia a seguir concentrando todo: poder político, población, riqueza, beneficios sociales, oportunidades culturales. Esto no quiere decir que no haya cierto desarrollo regional, pero su ritmo es incomparablemente menor que la inexorable fuerza centrípeta que nos atrapa.
De esta forma, se ha obstaculizado la diversificación de nuestro perfil productivo, vieja endemia de nuestra economía; aumentado la desigualdad social, profundizando la pobreza y haciendo ilusoria una mayor igualdad de oportunidades; se agigantan los efectos de la ineficiencia del Estado y se centraliza y aumenta la conflictividad social y política en Santiago: lo que pasa en la capital le pasa a Chile, lo demás son rumores lejanos. Y mención aparte para una consecuencia que merece aclaración adicional: convierte a la regionalización y a su inspiración de sana descentralización, en una mera retórica, porque una supuesta autonomía que no se apoye en un cierto grado de desarrollo de la economía local y financiamiento propio es ilusoria y solo cosecha sus propios defectos.
Y esta consecuencia es importante, más allá de que somos la segunda región más pobre del país, a raíz de una matriz económica poco diversificada y en extremo dependiente de las exportaciones de materias primas forestales y productos agrícolas con baja agregación de valor. Porque, en cualquier caso, todo ello se ve facilitado por un vicio estructural subyacente. Un sistema que en su madurez ha consolidado grupos de interés predominantes, y en un país asimétrico -como el nuestro- ha consolidado a los suyos y protegido de todo intento de reforma dirigida a quitarle poder al centro y transferirlo a las regiones.
En consecuencia, no debe extrañar la falta de representantes de regiones entre las 24 personas que fueron elegidas por el Congreso, como parte de la comisión de expertos en el nuevo proceso constituyente. Una conformación que ha generado fuertes críticas por la marginación que podrían sufrir los temas asociados a la descentralización, como también por el menosprecio a los intelectuales y centros de pensamiento que existen en las regiones.
El diagnóstico sobre el centralismo endémico que sufrimos no es nuevo, con mayor o menor brillantez lo han señalado valiosas voces intelectuales y políticas a lo largo de décadas. Los gobiernos también lo dicen y mucho más los gobernantes, sobre todo cuando son candidatos y buscan captar votos, no obstante siempre terminan sucumbiendo a la tentación de ejercer el poder centralizadamente.
Es posible que los integrantes electos del Consejo Constitucional tengan mayor sensibilidad con el tema regional y equilibren un poco la balanza, pero es un mal precedente que los expertos y expertas llamadas a participar en un proceso tan relevante como dotar a Chile de una nueva Constitución, no tengan ningún vínculo con los distintos territorios. Todo proyecto político de futuro responsable tiene que plantear el problema del centralismo y proponer soluciones; no hacerlo es autoengaño y mentira por omisión al resto de la sociedad.
