Todas las miradas del mundo político estarán puestas en las próximas horas en lo que defina el Presidente, Sebastián Piñera.
Es que este viernes vence el plazo para que promulgue o vete, la reforma constitucional que limita la reelección de autoridades, y todo indica que intercederá para “salvar” a los actuales alcaldes y concejales que ya han cumplido sus tres períodos, para que puedan postular por última vez en abril, petición formulada específicamente por la UDI y RN.
Paralelamente, se ha generado un intenso debate en torno a la facultad de veto del Ejecutivo, ya que otros dos proyectos, al parecer, seguirían el mismo camino: la suspensión de cobros de servicios básicos, que al igual que el límite a la reelección, fue despachado hace casi un mes; y el posnatal en emergencia, que todo indica, será aprobado en el Congreso.
Si bien estas tres iniciativas son distintas, y en el caso de las dos últimas, han sido tildadas de inconstitucionales, tensionando la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno al respeto hacia la cartamagna versus las necesidades surgidas a raíz de la pandemia; lo cierto es que es el gobierno el que enfrenta en estos momentos una compleja situación que deberá resolver tomando en cuenta las consecuencias políticas y sociales que acarree su determinación.
Incidencia en el plebiscito
Según la politóloga de la UdeC, Jeanne Simon, el veto es un mecanismo que busca generar negociaciones entre el Ejecutivo y el parlamento.
“Como todo mecanismo, se debe utilizar con cautela. El gobierno debe pensar estratégicamente y determinar cuándo le conviene más vetar y cuándo no, conversando con sus parlamentarios y negociando con la oposición. También debe considerar la opinión pública. No es el momento de vetar proyectos con apoyo público; es el momento para buscar la manera de apoyar proyectos de sentido común, y en especial, frente a la situación actual de pandemia”, afirmó.
Respecto de la “ola” de proyectos inconstitucionales que han sido aprobados en el congreso, manifestó que estos y su posible veto incidirán en la posición de la ciudadanía en el plebiscito en octubre.
“Si el gobierno insiste en obstaculizar modificaciones que van con el sentido común, esto generará mayor apoyo a un cambio constitucional más importante”, aseveró.
Para Alfonso Henríquez, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UdeC,
“Si bien el Presidente tiene la facultad para vetar los proyectos que hayan sido aprobados por el congreso, el problema radica en si es prudente que lo haga, dado el contexto de crisis institucional y social en el cual nos encontramos. En este sentido, ejercer esta facultad, si bien es una posibilidad prevista por el ordenamiento, podría generar el efecto paradójico de socavar aún más la legitimidad de la Constitución actual”, planteó.
Por otro lado, dijo, “tampoco parece razonable que los parlamentarios presenten proyectos sobre materias que en principio, son de exclusiva iniciativa del Presidente. Es importante respetar la distribución de competencias previstas por la actual carta, y este tipo de prácticas tampoco parece ayudar a solucionar el problema político en el cual nos encontramos”, aseveró.
Costo político
Christian Viera, abogado constitucionalista de la U. de Valparaíso, abordó también los pro y contras de ejercer la facultad de veto en el actual contexto.
El académico planteó a través de sus redes sociales que “el veto es una atribución del Presidente para proponer observaciones a un proyecto de ley aprobado en el Congreso. El actual veto es ordinario, ya que permite la insistencia por parte de congresistas, aunque con un alto quórum (2/3)”.
Viera advirtió que hay que evaluar bien si se utiliza o no esta herramienta, porque si opera, el Gobierno debe asumir el costo político de frenar la actividad del órgano representativo, a saber, el Congreso.
“Para el caso actual, por cierto que el Presidente puede usar el veto, pero al examinar los proyectos amenazados (límite a la reelección, suspensión de cobros servicios básicos y posnatal de emergencia), dos de ellos intentan aliviar la economía familiar de muchas personas afectadas por la pandemia. Y el otro, al parecer, es una sentida demanda que apunta a mejorar la calidad de la democracia y la alternancia en el ejercicio de cargos representativos”, sostuvo.
Si el Presidente veta, advirtió, “está enviando un mensaje político muy potente: su programa se funda en una ortodoxia económica radical que no es capaz de revisar; o le resulta indiferente la alternancia en el poder como mecanismo sano en una democracia. Si esto se produce, no creo que el Congreso cuente con los 2/3 para insistir.
Pero al vetar, Presidente y Gobierno deben asumir el costo político de no promulgar leyes discutidas y aprobadas en el Congreso, que van en alivio de familias y mejoran el sistema político”, sentenció.
