El anhelo de construir una nueva cárcel se ha encontrado con algunos obstáculos, como la elección de su emplazamiento, un debate que en el pasado paralizó la decisión política de avanzar con este proyecto.
La necesidad de su traslado no resiste análisis, particularmente después de los sucesos del 27 de febrero de 2010. Se trata de un recinto obsoleto y sobrepoblado, con altos riesgos sanitarios y de seguridad para funcionarios y reos.
El penal de Chillán, construido en 1943, hoy alberga a más de 800 internos, lo que representa una sobrepoblación de 370% según la Anfup de Ñuble.
El problema, sin embargo, no se limita al deterioro físico del recinto y al atraso tecnológico en dispositivos de seguridad. Es estructural. El hacinamiento, la falta de personal, la precariedad de servicios, y ahora la irrupción de bandas organizadas, muchas con conexiones externas, han convertido al penal en una escuela del delito y en un terreno fértil para la violencia. A esto se suma la llegada de internos extranjeros que, como han advertido los funcionarios de Gendarmería, han traído consigo nuevas lógicas de operación criminal, complejizando aún más el panorama.
Se puede argumentar que esta deuda pendiente con la ciudad de Chillán y con la región de Ñuble responde a un problema de financiamiento o que no ha habido acuerdo respecto del futuro emplazamiento, pero finalmente todo se resume a un denominador común: la falta de voluntad política de parte de las autoridades en un marco de excesivo centralismo.
En ese contexto, representa una señal positiva que el Ministerio de Desarrollo Social diera la recomendación (RS) para financiar el estudio de prefactibilidad para el futuro Complejo Penitenciario de Ñuble, el primero de muchos pasos en la burocracia estatal para materializar un proyecto.
El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien ha asumido un rol más activo en este desafío, no solo ha realizado las gestiones ante el Ministerio de Justicia, sino que también declaró estar dispuesto a tomar las decisiones que correspondan frente a la eventual oposición vecinal a su futuro emplazamiento. Lo anterior no solo recuerda el rechazo que generó la idea de levantar el penal en el sector San Miguel de Ablemo, en San Carlos, sino que también la más reciente controversia que causó la propuesta de construirlo en el sector Quilmo, en un predio fiscal utilizado por el Ejército para entrenamiento.
Algunos sostienen que los estudios ya están hechos, y que no se requiere gastar más de $1.100 millones en un estudio de prefactibilidad, pero más allá de los procesos administrativos y las evaluaciones técnicas, se ha dado un paso que nuevamente abre la expectativa, incluso, de los más escépticos. A ello se suma la nueva ley que busca agilizar la construcción y ampliación de centros penitenciarios, que permitirá reducir plazos y eliminar trámites administrativos.
La decisión finalmente recaerá en las futuras autoridades, que no solo deberán licitar la ejecución del estudio, sino que avanzar en los pasos siguientes para cumplir el anhelo de contar con una cárcel moderna, fuera del centro de la ciudad, que dé garantías de seguridad y promueva una verdadera reinserción socia
