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La preocupación ciudadana por el comercio ambulante en Chillán ha ido creciendo casi en la misma medida que los vendedores callejeros se expanden a sectores periféricos de la ciudad, especialmente al oriente (Los Puelches, Diagonal Las Termas, Alonso de Ercilla), donde la situación está generando una fuerte tensión en el entorno, entre el comercio barrial y los nuevos vendedores callejeros.
Los primeros, donde se incluyen comerciantes establecidos y ambulantes que tardaron años en obtener un permiso municipal para operar los fines de semana, exigen poner fin a la creciente oleada de personas, chilenas y extranjeras, que se disputan los mismos espacios, protagonizando violentos incidentes e incubando un resentimiento social que puede devenir en situaciones aún más agresivas.
De hecho, en muchos sectores de la comuna, el comercio ambulante figura como la falta más denunciada por los vecinos, superando a los daños a la propiedad privada y al consumo de alcohol en la vía pública. Lo anterior es entendible, pues la ocupación de los espacios públicos y los delitos asociados como el uso de armas de fuego, el narcotráfico y la venta de productos piratas o falsificados, ahuyenta a potenciales compradores del comercio establecido y produce, además, un deterioro de la calidad de vida e incluso de la plusvalía en los sectores donde se instalan.
Por otra parte, las sucesivas incautaciones de productos falsificados son vistas con preocupación por el gremio del comercio formal, que sostiene que se requiere mayor control y reclama se cumpla la nueva ley que sanciona el comercio ilegal y entrega nuevas herramientas a los municipios, policías y al Servicio de Impuestos Internos (SII) para mejorar las fiscalizaciones y multas.
Lamentablemente, como ha ocurrido con muchas leyes que salen del Parlamento sin considerar la realidad de su aplicación, en este caso la nueva normativa no incluyó el marco presupuestario que requieren las municipalidades para hacer efectivas las nuevas herramientas de fiscalización, de modo que se ven habitualmente sobrepasadas en sus capacidades humanas y técnicas.
Todos saben que el comercio callejero constituye una competencia desleal para el comercio establecido, que además de pagar patentes y arriendos, genera empleos formales y son recaudadores del IVA. Los vendedores ambulantes, en cambio, como trabajadores independientes son parte de una red de distribución de mercadería de origen dudoso, en que perciben ingresos como comisionistas, sin un contrato formal. De hecho, no son pocos los que sostienen que la moderación del desempleo en Chillán se debe precisamente al incremento de los empleos por cuenta propia. De no ser por este fenómeno, probablemente la desocupación estaría rozando los dos dígitos, considerando el alza de la fuerza de trabajo que ha producido la inmigración.
Es por ello que a buena parte de la comunidad, como también a las autoridades, se les hace difícil enfrentar este problema con “mano dura”, más aún en un año de elecciones como éste. Por eso es clave que las soluciones se definan con independencia del ciclo político y alcalde o alcaldesa de turno, y con una mirada integral y de largo plazo que permita, por un lado, reducir sus externalidades negativas, y por otro, dar respuesta al problema social, diferenciando entre quienes ejercen esta actividad producto de una necesidad acuciante y los que buscan enriquecerse.
